Centros de corredores de cereales de todo el país expresaron ayer su «disconformidad» con el acuerdo en materia de comercialización de trigo alcanzado entre el gobierno nacional y la Federación Agraria Argentina (FAA), por considerar que perpetúa un sistema que «viola las normas más elementales de competencia».

Ese acuerdo «viola las normas más elementales de competencia, canalizando ventas de trigo a través de un canal comercial al que no acceden la totalidad de los productores agropecuarios», plantearon en un comunicado los centros de corredores de cereales de Bahía Blanca, Buenos Aires, Entre Ríos, Rosario y Santa Fe.

El 30 de enero último, en una reunión entre funcionarios de los ministerios de Economía y Agricultura con dirigentes de la FAA, el gobierno nacional se comprometió a habilitar nuevos permisos de exportación de trigo, es decir ROEs, a aquellas empresas exportadoras que compren el cereal a precio FAS Teórico, que surge del cálculo del valor FOB o paridad de exportación en el puerto.

«Medidas de este tipo tienen un efecto acotado y no resuelven el problema de fondo, ya que perpetuán el sistema de ROEs que opera en la práctica como una licencia no automática para la exportación, originando importantes transferencias de ingresos en el interior de la cadena de producción y comercialización», cuestionaron las entidades.

Además, señalaron que ese esquema interrumpe «el desarrollo de los mercados, impidiendo a los productores capturar el precio pleno de su producción, y privando al país de importantes ingresos al obstaculizar la colocación de los excedentes de producción en los mercados internacionales».

«Asistimos a un escenario de ausencia de competencia por trigo y maíz por parte de la demanda interna y de la exportación, generándose graves distorsiones en la comercialización» y «afectando seriamente el flujo normal de los negocios, y por ende la actividad de los corredores de cereales», objetaron.

En este contexto, reclamaron «derogar la RG543 de la ex Oncca, que transformó a los ROE Verde en un mecanismo de licencias previas de exportación, con cupos, cuotas y restricciones, ya que es la única alternativa seria para solucionar las graves distorsiones» y así permitir «a los productores obtener un precio pleno producto de la libre competencia entre oferta y demanda».

Las entidades también reiteraron la «necesidad de mantener un diálogo franco con el Gobierno», para lo cual solicitaron audiencias con la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner; el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; y el ministro de Economía, Axel Kicillof, que, según señalaron, «aún no han sido concedidas», con el fin de transmitir la «preocupación por la actual situación».

FUENTE: DyN