Con la presencia de pequeños agricultores de distintas partes del país, la Cámara de Diputados de la Nación dio el pasado 12 de noviembre media sanción al proyecto de Ley de Agricultura Familiar que busca declarar de interés público a los pequeños productores, campesinos e indígenas y reconocerlos en el rol estratégico que ocupan en la producción de alimentos de la Argentina, entre otros de los ítems que abarca la nueva norma.
El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Carlos Casamiquela, destacó que «es una decisión política importante que se da en el marco del Año Internacional de la Agricultura Familiar, que visibiliza aún más a este sector que está abocado a la tarea de producir alimentos y que cumple una labor fundamental en lo que respecta a la soberanía alimentaria».
Casamiquela remarcó que en el reciente Congreso «Diálogo global sobre Agricultura Familiar», organizado por la FAO, la Argentina tuvo un papel preponderante en los espacios de debate, siendo reconocida como «ejemplo mundial de políticas públicas para el fortalecimiento de dicho sector». «Y eso es consecuencia de un Estado presente que reconoce la importancia de los agricultores familiares, y que es el único capaz de garantizar equilibrio e igualdad en nuestras sociedades», indicó el ministro.
El titular de la cartera agropecuaria señaló que, en nuestro país, la agricultura familiar representa el 20% de las tierras productivas; el 27% del valor de la producción; 30,9 millones de hectáreas totales; el 65% del total de productores y en regiones como el NEA y el NOA, superan el 80%; abarca 250.000 establecimientos productivos; e incluye a 2.000.000 de personas, más del 53% del empleo agropecuario.
Entre las temáticas que aborda el proyecto de ley se encuentran la seguridad y soberanía alimentaria; el afianzamiento de la población en territorios rurales de manera que haya una ocupación armónica de las tierras; y el arraigo rural para que los jóvenes encuentren condiciones favorables para poder quedarse en los campos.
«Hoy es un día histórico para el sector. Estamos llegando al Congreso después de mucho trabajo conjunto de los diputados Claudia Giaccone, Víctor Rubín y Luis Basterra, y de nuestros equipos técnicos del Ministerio, logrando un proyecto de ley unificado, previamente acordado con las organizaciones territoriales del país», sostuvo Ramiro Fresneda, subsecretario de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Agricultura Familiar.
El 66% de las unidades productivas en el país están en manos de agricultores familiares, quienes constituyen el 53% del empleo rural. «Es el otro campo que por décadas estuvo invisibilizado por el neoliberalismo y los medios hegemónicos que siempre terminan perjudicando a la mesa de los argentinos, como en el lock out patronal del 2008″, indicó Fresneda.
«Esta propuesta es un importante paso en la construcción de un modelo agrario inclusivo en el marco de la nueva ruralidad y la ampliación de derechos en el ámbito rural que iniciamos en el 2003», agregó el subsecretario, al destacar que desde el Estado y con el accionar legislativo se busca reconocer el rol estratégico que cumplen en la producción alimentaria del país los agricultores familiares.
«Ahora tenemos que ir al Senado con la misma convicción con la que venimos trabajando para terminar de cumplir este sueño que es el de miles de productores», afirmó, por su parte, el presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, Luis Basterra. Y concluyó: «Hay una coherencia en este Gobierno creando el Ministerio de Agricultura, luego la Secretaría de Agricultura Familiar, y ahora buscando esta ley».
En tanto, la vicepresidenta de la comisión de Agricultura, Claudia Giaccone, agradeció «el compromiso asumido por el Ministerio y por Carlos Casamiquela, porque este proyecto no se iba a tratar hoy y fue gracias a su insistencia que pudimos tratarlo en el recinto».
Asimismo, Fresneda destacó que «es un avance importante en el marco de la construcción de un proyecto agrario más inclusivo, que protege a los sectores más vulnerables del interior profundo de nuestros pueblos, y no sólo en términos económicos sino también sociales y ambientales y en el marco de la nueva ruralidad».
Entre los puntos más destacados de la nueva norma, se encuentra el artículo 19 que impide la ejecución de desalojos de familias campesinas. Según indica el proyecto, se suspenden los desalojos por 3 años para las familias con derechos adquiridos por haber vivido en los lugares en conflicto, aunque no tengan titularidad sobre las tierras.
Para ello, se creará una Comisión Nacional de Regularización Dominial de la Tierra Rural, que estará integrada por el INAI y el Registro Nacional de Tierras del Ministerio de Justicia.
En el proyecto presentado se consensuaron propuestas y trabajos de la Fonaf, el Frente Agrario Evita, el MNCI-Vía Campesina, Acina y el Frente Nacional Campesino.
20 de noviembre de 2014
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