La puja entre la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y la Sociedad Rural Argentina (SRA) por la propiedad del predio que la entidad tiene en el barrio porteño de Palermo llegó a la Cámara Nacional de Casación Penal.

Eduardo de Zavalía, ex titular de la SRA, y Juan Alberto Ravagnan, director en esa asociación, presentaron una apelación en la que sostienen que fueron mal procesados: según afirman, la SRA no sustrajo al Estado el espacio que ocupa sobre la avenida Sarmiento sino que celebró una compraventa legal -con el permiso del Congreso- con el entonces presidente, Carlos Menem. Ambos están patrocinados por el estudio Valerga Aráoz, informó La Nación.

En esta causa están procesados, entre otros, el ex presidente Menem y el ex ministro de Economía Domingo Cavallo.

El predio de Palermo que hoy ocupa la SRA le fue cedido en 1907, mediante la ley 5.114, en la que se le permitió su uso gratuito para la realización de la exposición ganadera anual. A partir de ese momento, se dictaron otras leyes, resoluciones y decretos que prolongaron el statu quo. En 1991, la entidad y Menem celebraron la operación de compraventa.

Todo se desarrolló con normalidad hasta 2008, cuando estalló el conflicto entre el Gobierno y el campo. El 19 de diciembre de 2012, la Presidenta decidió declarar por decreto (2552/12) y sin mediación de la Justicia la nulidad de la operación realizada por el menemismo.

La causa

Hasta el momento, dos cámaras de apelaciones dictaron fallos, en principio, contradictorios.

A fines de marzo, la Sala II de la Cámara Federal dispuso el procesamiento de Menem, Cavallo y los ex directivos de la SRA mencionados por haber «sustraído el bien del patrimonio estatal» y haberlo negociado a un precio «vil», ya que de acuerdo a los cálculos del Poder Ejecutivo tendrían que haberse pagado unos $132 millones. Es por ello que los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah, firmantes, indicaron que la operación fue ilegítima y armada por sus participantes en perjuicio del Estado.

En la apelación, Zavalía y Ravagnan presentaron documentos en los que demostrarían que la compraventa se ajustó a las leyes. Según afirman, fue autorizada mediante las leyes 23.697 y 22.423, que facultaron al gobierno nacional a desprenderse de sus bienes de dominio privado. Así, el predio fue adquirido por la SRA, una asociación civil sin fines de lucro, para que continuara realizando allí sus exposiciones, muestras y obras edilicias.

Pero existe otro fallo anterior que contradice a éste último. Data de enero de 2013: la Cámara Federal Civil y Comercial dictó una resolución en la que consideró que la operación se había dado dentro de los marcos legales. Es por ello que concedió una medida cautelar para evitar que el Estado se apodere del predio.

Con respecto al valor fijado en 1991, esta Cámara dio por válidos los argumentos de la SRA, que indicaban que el ex presidente Menem pidió tres tasaciones (al Banco Ciudad, Banco Hipotecario y al Consorcio de Empresas Inmobiliarias). Así, se determinó que la propiedad valía entre 30 y 32 millones de dólares. Con el precio determinado, aprobó la venta por decreto y se celebró la escritura pública.

La Rural pagó u$s10 millones en efectivo y el resto, en cuotas. En 2002, luego de la devaluación, pidió a la Justicia que recalculara el remanente, que era del 20 por ciento.

En 1999, la Subsecretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía aprobó el informe final, en el que reconoció que la SRA había realizado todas las mejoras, entre ellas, las del Centro de Exposiciones.

FUENTE: http://www.lanacion.com.ar/1685016-llego-a-casacion-la-pelea-de-cristina-con-la-sociedad-rural

25 de abril de 2014