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El índice FADA, que mide la participación del Estado en la renta agrícola, marca para el mes de diciembre de 2016 un 63%, por debajo del 65,4% de septiembre. Ya en diciembre pasado, luego de las medidas tomadas, había bajado hasta el 66,3%.

La explicación de la baja se encuentra en un incremento del precio disponible del maíz en dólares de 7,6%, un aumento del tipo de cambio de 5% y una leve baja en pesos del costo de los insumos fitosanitarios, en torno a 5-10 por ciento.

Desagregando el índice, en el caso de la soja su precio se mantuvo estable en dólares, lo que combinado con el aumento del tipo de cambio y la baja de los insumos hizo que la participación del Estado bajara del 70,2% al 68,9% en los últimos 3 meses. Todavía se mantiene en estos niveles por la permanencia de los derechos de exportación.

Si el Gobierno hubiese cumplido con la promesa de la reducción del 5%, este número estaría en 64,5%. De acuerdo a estimaciones de FADA, por otros impuestos, el Estado recupera de manera automática un 36% de la quita de derechos de exportación.

En el caso del maíz, la participación del Estado en la renta bajó de 45% a 41,3%; el principal motivo, además de los esbozados anteriormente, es un incremento de 10,2% en el precio FOB y de 7,6% del disponible.

El trigo, por su parte, todavía mantiene una diferencia de 10 puntos entre el precio FAS y el disponible, que es casi la mitad al que existía en época de las restricciones a las exportaciones. Al mismo tiempo, posee un precio internacional un 20% inferior al promedio del 2015, lo que está amortiguado por la eliminación de los derechos de exportación y de las restricciones, pero sigue generando un efecto negativo sobre la rentabilidad, que hace que la participación del Estado en la renta se encuentre en 81,6 por ciento.

El girasol acompaña al maíz como uno de los cultivos que salió mejor parado del contexto internacional y de las políticas locales, con una participación del Estado sobre la renta de 48% y un precio que se ha caído con respecto al último trimestre pero se ha mantenido estable en relación al año anterior.

A pesar de la importante caída de la participación del Estado en la renta agrícola en el promedio de los cuatro cultivos, los impuestos nacionales significaban en septiembre del año pasado $3.077 por hectárea, mientras que en diciembre de este año significan $5.293, un 72% de pesos más que va al Estado.

La diferencia en el aporte fiscal podría ser aún mayor debido a que parte de los derechos de exportación, en el maíz por ejemplo, en realidad iban a otras partes de la cadena, mientras que ahora van al Estado principalmente vía ganancias.

La mejora de la rentabilidad de la agricultura pampeana no sólo se ve en este aumento del aporte tributario, sino en el aumento de área de 20,3% en trigo, 18,5% en girasol y 5,1% en maíz (según datos de Agroindustria) y todavía se esperan mayores incrementos para el maíz en la campaña que se está sembrando.

Por su parte, la maquinaria agrícola registró incrementos en la venta de cosechadoras del 52,8%, con valores promedio en torno a los $4,5 millones; de tractores del 65% con valores medios de $1 millón; de sembradoras del 148%, con un precio promedio de $2 millones; y de implementos de 41% con precios promedio de $600.000 (Indec).

Finalmente, la venta de fertilizantes se incrementó más del 50% (Fertilizar), lo que sienta las bases para una producción más sustentable y una mayor cantidad y calidad de granos.

Los costos muestran un incremento 52% con respecto a septiembre de 2015, pero con respecto al trimestre anterior el aumento es de sólo el 0,9%, varias veces debajo de la inflación. Las razones son una estabilidad en el costo de las labores y transporte, estabilidad en el dólar y baja de los precios de algunos insumos importados como consecuencia de una economía más abierta.

De cara a la siembra de la campaña gruesa 2016/17, el maíz continúa mostrando buenos números, a pesar de que se van diluyendo a mayor distancia de los puertos. Estamos frente a una buena oportunidad para recomponer la rotación. Por su lado, la soja también sigue mostrando una rentabilidad buena y estable.

¿Qué es el Índice FADA?

Que el Estado participe del 63% de la renta agrícola significa que la sumatoria de los tributos (provinciales y nacionales, incluidos los derechos de exportación a la soja) representan $63 de cada $100 que genera de renta una hectárea promedio en la Argentina.

La renta es lo que vale la producción menos los costos, en otras palabras, el resultado que se obtiene al restarle los costos de producción, comercialización y transporte al valor de la producción a precios internacionales.

La producción y costos de la hectárea se calculan utilizando los rindes, costos y distancias al puerto promedio a nivel nacional para los cultivos de soja, maíz, trigo y girasol y ponderando la participación de estos cultivos en el área sembrada nacional. Así se obtiene la renta, la que se distribuye en el resultado de la producción después de impuestos, la renta de la tierra y la participación del Estado.

Si en lugar de analizar la participación del Estado en la renta agrícola se mide la mide con respecto al valor bruto de la producción, el resultado muestra que los impuestos representan un 34,4% del valor bruto de la producción de una hectárea promedio a precios FOB.

FUENTE: FADA.