El director general de Fiscalización y Control de Obras, dependiente de la Agencia Gubernamental de Control del gobierno porteño, informó que se decretó la clausura inmediata y preventiva de la nueva sede del Mercado Central que iba a inaugurarse el próximo 1 de julio en el barrio de Colegiales, «por encontrarse afectadas las mínimas condiciones de funcionamiento por ejecutar obra sin permiso, no poseer documentación registrada y falta de cartel de obra».

Inspectores de la Ciudad se presentaron el jueves pasado en el predio, ubicado en Crámer al 400, y fueron echados por los trabajadores que se encontraban allí.

No obstante, los funcionarios labraron un acta de infracción que intima a los responsables a normalizar su situación jurídica, que incluye el inicio del trámite para obtener el permiso de habilitación para funcionar como local comercial, nunca realizado por las autoridades del Mercado Central a pesar de que la inauguración está prevista para dentro de dos semanas, publicó Infobae.com.

Desde la Asociación Civil Colegiales, la arquitecta Marcia Hashiba señaló que el barrio ya cuenta con tres ferias itinerantes, por lo que la nueva sede del Mercado Central no tiene justificativo. Además, el Gobierno de la Ciudad no podrá realizar allí los controles bromatológicos pertinentes porque no tiene potestad sobre ella.

La profesional denunció que tampoco se realizó la obligatoria evaluación de impacto ambiental que un proyecto de esta envergadura requiere.

Para Hashiba, «acá se pretende instalar un centro comercial ilegal, y sus responsables, que no pagarán impuestos, alquileres o ABL, constituyen una competencia desleal para los comerciantes del barrio, que estarán liquidados». La arquitecta instó a Samid a implementar el Programa Precios Cuidados «pero a través de la cadena legal de comercio».

Por su parte, la Cámara Argentina de Comercio (CCC) emitió un comunicado ayer, en el que manifestó su «rechazo» a la iniciativa.

Carlos de la Vega, presidente de la entidad, y Alberto Dragotto, su secretario, firmaron el documento, en el que aseguran: «Aun cuando estos mercados sean pensados como distribuidores mayoristas, en la práctica sería virtualmente imposible (tal como sucede hoy en día con el Mercado Central) que se excluya a los consumidores finales, que actualmente son clientes de empresas comerciales minoristas. Estas firmas soportan una significativa carga tributaria de los distintos niveles del Estado y deben cumplir para su habilitación con rigurosas normas de seguridad, salubridad, higiene y protección contra incendios, por citar solo algunas de las múltiples obligaciones a las que están sujetas».

El comunicado finaliza: «Todo esto las ubica en una situación de desventaja para competir con mercados que suelen ser beneficiarios de excepciones en materia de normas y regulaciones, lo que explica la posición de la CAC en defensa de una actividad que genera a nivel nacional aproximadamente uno de cada cinco empleos privados registrados».

El futuro mercado se emplaza en un terreno donado al Mercado Central por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (ex Onabe).

17 de junio de 2014