La “zafrita”, cosecha de yerba mate de verano, fue oficialmente suspendida por los yerbateros de Misiones el pasado martes, en rechazo a un nuevo “impuestazo” decidido por el gobierno provincial a partir de hoy, primer día hábil del año.

El freno en la cosecha estival, complementaria a la que se realiza entre abril y julio, podría derivar en un faltante de yerba mate en las góndolas.

«Ahora el Gobierno impuso una nueva tasa la actividad yerbatera disfrazada como ‘alícuota de servicio’, lo que constituye un nuevo golpe a la economía regional«, afirmó Jerónimo Lagier, productor y director del Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM).

Según el yerbatero, «se trata de un cánon de 33 centavos por kilogramo de hoja verde y 99 centavos para la yerba. Aquí el agricultor sufre mayor presión tributaria que el comerciante que vende el paquete en góndola, lo que es un contrasentido«.

En tanto, Lagier explicó que, justo en el momento en que se había comenzado a acordar un convenio de corresponsabilidad gremial y el blanqueo en todo el sector, el gobierno provincial anunció las nuevas medidas tributarias. «Si uno está registrado acá, inmediatamente es penalizado con esta tasa que es para saldar la fiesta ajena, habida cuenta que en Misiones las casas que construye el Instituto Provincial de la Vivienda (Iprodha) se pagan cuatro veces más de lo que valen obras públicas como el pavimento de rutas, que terminan costando ocho veces más de su valor real, lo que implica una problemática distorsión fiscal», sostuvo.

«Ya que está prohibido gravar la producción primaria, ahora inventan una tasa por servicios que supuestamente el oficialismo está prestando a la población, cuando sabemos que hoy el Estado local tiene falencias por todos lados», acusó el yerbatero.

Por su parte, el diputado nacional Luis Pastori (UCR) señaló: «Los misioneros pagamos los más altos porcentajes en alícuotas de servicio a la producción agropecuaria y forestal del país, mientras los gobernantes ejecutan obras superfluas e innecesarias, que requieren altos costos, además de andar mendigando ante autoridades nacionales para abonar sueldos y salarios de los más de 70.000 empleados públicos, que en gran parte cobran sus salarios en negro».

Finalmente, Lagier afirmó: «Si las cosas siguen así, no falta mucho para que se dispare un tractorazo con las consecuencias sociales y política que implicará», publicó el diario La Nación.