La administración de Cristina Fernández de Kirchner cierra su mandato con una deuda millonaria con el sector del campo y también con el agroexportador, con cuyas empresas mantendría un rojo de $1.600 millones frente a la demorada devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Este dato fue confiado a la agencia de noticias DyN por fuentes de exportadoras, con quienes el fisco mantendría al cierre del 2015 un pasivo de u$s165 millones -al tipo de cambio oficial- por incumplir con el reembolso del crédito fiscal.

También para el caso de los productores, el reintegro de la retención del IVA mantiene un promedio de atraso de unos 18 meses, según admiten desde las entidades agropecuarias, incumpliendo los plazos mínimos de devolución establecidos por la propia AFIP.

Puntualmente para el caso del sector agroexportador, la deuda se ubica actualmente en los $1.600 millones, a instancias de no haberse cumplido con la operatoria dispuesta a través de la resolución general número 2000 del año 2006 por la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Desde el sector cerealero, admiten que esto genera «pérdidas en el capital de trabajo de las empresas del sector que ingresa los dólares genuinos por agroexportación» y promueve «sobrecostos que afectan la competitividad de los productos nacionales».

La operatoria en cuestión comienza en el momento en el cual el exportador pide la prefinanciación o bien el anticipo de exportación a un banco internacional. Allí se toma en cuenta el valor FOB de los granos, que incluye la retención pertinente y también el cobro de un 10,5% del IVA que se paga al momento de la compra y que luego debería ser reintegrado por la AFIP.

Solo entre el momento del pago del IVA, cuando se vende los granos, y su recuperación por parte de las empresas pasa un plazo mínimo de entre 90 a 150 días, durante el cual las exportadoras deben afrontar el pago en dólares del préstamo concedido en el exterior y aguardar la devolución respectiva en pesos por parte del fisco.

Según el sector exportador, todo esto pesa de modo «directo» sobre el esquema de costos que presenta la comercialización de la cosecha, debido a que el IVA abonado, y que debería ser devuelto posteriormente por la AFIP, también debe ser prefinanciado por el sector exportador.

La demora en los reembolsos comenzaron a acumularse a partir del 2012, con la resolución 3397, que atento a la pretensión de perfeccionar los controles terminó por imponer mayores trabas al esquema de devolución del IVA por la venta al exterior de granos.

Esto se debe a que la normativa en cuestión dispone la inhabilitación para percibir de manera automática la devolución del IVA a aquellas firmas en las que «se les detecten inconsistencias asociadas a su comportamiento fiscal».

FUENTE: DyN