El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere, afirmó anoche no estar sorprendido por la decisión de la Justicia de avalar la continuidad de la entidad en el predio de Palermo, y apostó a que esta medida «sea el comienzo de un tiempo nuevo para el campo» ante la posibilidad que ofrece «la llegada de un nuevo gobierno».

A través de una nota difundida a la prensa, Etchevehere, sobre la resolución de la Sala II de la Cámara Federal Civil y Comercial de rechazar el pedido del Poder Ejecutivo para que la SRA desaloje el predio palermitano, manifestó: «No nos sorprende porque sabemos que se corresponde con la verdad».

El titular de la Sociedad Rural expresó además que «el intento de confiscación del predio de Palermo fue un acto de venganza contra el campo por la resistencia que ofreció el sector y una gran mayoría de la sociedad a la tristemente célebre Resolución 125″.

Etchevehere indicó además que desde la Sociedad Rural siempre estuvieron «sujetos a derecho» y manifestó también que son «respetuosos de la Justicia».

«Es nuestro deseo que esta resolución sea el comienzo de un tiempo nuevo para el campo y que la gran distorsión en la que hemos vivido en los últimos años comience a revertirse con la llegada de un nuevo gobierno», expresó el ruralista.

La Sociedad Rural Argentina (SRA) consiguió que la Justicia rechace un planteo del Gobierno que la forzaba a desalojar el predio de Palermo, por lo que podrá seguir ocupando esos terrenos.

Según indicaron ayer fuentes judiciales, la Sala II de la Cámara Federal Civil y Comercial revirtió un fallo de primera instancia y prorrogó «sin término» una medida cautelar pedida por la SRA, para evitar que se ejecutara el decreto firmado en el 2012 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que establecía el l desalojo del terreno.

Las fuentes precisaron que los jueces Graciela Medina, Ricardo Guarinoni y Alfredo Guzmán interpretaron que el Estado había apelado «fuera de término» y también que la nueva ley de cautelares no era aplicable a esta resolución.

Por lo tanto, el tribunal entendió que la SRA puede mantenerse allí hasta que se resuelva la cuestión de fondo, seguramente durante el próximo gobierno.

La causa se remonta al decreto 2552/12 firmado por la Presidenta, que expropió el predio de Palermo en base a una causa penal en la que se detectó que la venta a la Rural se había hecho por 30 millones de pesos/dólares cuando el valor de mercado del precio era de 131 millones.

Por esa venta, que se produjo el 20 de diciembre de 1991, el ex presidente Carlos Menem, el ex ministro de Economía Domingo Cavallo y otras 10 personas están procesadas por peculado -que tiene una pena de dos a 10 años de prisión- y se ha pedido que el caso sea llevado a juicio oral.

«La operación fue realizada en el año 1991 a través de forma directa, no se hizo remate ni licitación previa, y se había otorgado un plazo de 10 años a la Sociedad Rural para saldar el valor del inmueble, cuando esa prerrogativa está prohibida», había dicho en ese momento el entonces jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, al anunciar la firma del decreto de expropiación.

La SRA obtuvo una medida cautelar y el Estado nacional no apeló la resolución a tiempo, pero en junio pasado el juez Iván Garbarino resolvió hacer lugar al planteo oficial y dispuso que se levantara la resolución que impedía el desalojo.

No obstante, la SRA insistió ante la Cámara Federal Civil y Comercial buscando que se revisara -según explicó- «la infundada e ilegítima decisión judicial de primera instancia» y reafirmó «la legitimidad de la compra del predio».

Ahora, ese tribunal mantuvo la apelación solicitada, pero no se descarta que el Gobierno intente llegar a la Corte Suprema de Justicia.

La Rural emitió un comunicado en el que celebró el fallo «contra el avance ilegítimo del Gobierno sobre el Predio Ferial de Palermo».
Tras resaltar los argumentos de la Cámara, la entidad ruralista reiteró que «el predio ferial de Palermo fue legítimamente comprado por la SRA porque así lo autorizaba el marco legal vigente, por ejemplo, las leyes 22.423, 23.696 -Ley de Reforma del Estado- y 23.697».

«El precio fue justo. Fue tasado según los procedimientos vigentes en la ley y por tres instituciones: Banco Ciudad de Buenos Aires, Banco Hipotecario y por un consorcio de inmobiliarias», añadió.

También destacó que «el precio no se agotó en el monto de la compra (u$s30.000.000) sino que se extendió a los importantes cargos de compra impuestos por el Estado que superaron con creces dicho valor (esta circunstancia ha sido reconocida por la Onabe y por la Procuración del Tesoro de la Nación)».

Añadió que se solicitó al Bapro un crédito de u$s69.000.000 que «se está pagando en tiempo y forma y su última cuota vence en 2016. Con ese crédito se construyeron cinco pabellones de 40 mil metros cuadrados, 1.100 cocheras, depósitos y áreas de servicio y un edificio de oficinas con salas».

FUENTE: DyN