El presidente de la Confederación Intercooperativa Argentina (Coninagro) Carlos Iannizzotto, reflexionó sobre el tratamiento en el Parlamento del proyecto de ley sobre el Aporte Solidario, Extraordinario con carácter de emergencia, obligatorio y por única vez vinculado a los patrimonios de las personas humanas: «Es engañoso que se denomine ‘Aporte Solidario’, cuando en realidad es un tributo y más específicamente un impuesto. Aquí no hay consenso ni métodos claros, entonces los caminos comienzan a ser angostos, pedregosos y en subida».

«La visión política de Coninagro es que el Estado aliente a los que invierten y producen, intentando remendar nuestra deuda externa y buscando una base sólida en los distintos estamentos, desde el potencial de las economías regionales, junto a pequeños y medianos productores, industrializar y comercializar con un Estado que apoye la actividad privada y a las pymes. Necesitamos que las políticas de Estado sean consensuadas, porque cuando hay consenso, ahí sí, surge la solidaridad», agregó.

«Estamos a favor de aportar, de una contribución única, especial y solidaria frente a un marco de emergencia. Lo que solicitamos es que sea consensuado, porque también en el universo de los afectados por la crisis están nuestros productores, por ello la intención es que se revise cómo se contempla al sector productivo y que se analice en la Ley», añadió.

Al mismo tiempo, Iannizzotto remarcó que «Coninagro no mira de reojo los problemas sociales, por el contrario, tiene una visión inclusiva en términos de generación de empleo, de igualdad de oportunidades, de diversificar la producción y regionalizar el país, desde la impronta del productor que cada día trabaja la tierra, siendo una de las formas más nobles de combatir la pobreza», dijo y agregó que: «Hemos destacado y presentado propuestas sobre el papel de la ruralidad, dispuesta a contener y recibir a familias afectadas por el déficit habitacional».

«Tratar esto como un problema de ricos y pobres es plantear una dialéctica ideológica, las situaciones complejas se encaran con una mirada integral», sostuvo el dirigente.

«Aquí hay una contradicción, por un lado un Estado que quiere extraer de donde no hay, cuando muchos sectores están pidiendo moratorias».

Antes de la modificación del dictamen de proyecto de ley, en el cual los sujetos alcanzados debían posicionar los bienes al 31/12/2019, los $200 millones equivalen a USD 3.350.645. Posicionando los bienes a la fecha eventual de entrada en vigencia de la ley, podemos ver claramente como cayó un 25% el equivalente en dólares, por lo que alcanzaría de una forma más fácil el aporte respecto de los sujetos.

En ese sentido, Iannizzotto ejemplificó: «Si hay personas que han invertido en maquinaria, innovación y tecnología, no son personas ricas desde el concepto socio-ideológico, sino que son personas o empresas que están tratando de fomentar una alimentación saludable y sustentable. Este impuesto alcanza a muchas pequeñas y medianas empresas y productores».

En cuanto a la base imponible, la misma se determinaría considerando el total de los bienes de los que sean titulares los sujetos alcanzados, incluyendo los aportes a trust, fideicomisos, fundaciones de interés privado y demás estructuras, participación en sociedades u otros entes de cualquier tipo sin personalidad fiscal y participación directa o indirecta en sociedades u otros entes de cualquier tipo, existentes a la fecha de entrada en vigencia de esta ley.

En relación a las alícuotas, el Proyecto establece tasas progresivas en función del monto imponible de los bienes, las cuales se incrementan cuando éstos se encuentran situados en el exterior.

Iannizzotto sostuvo que «Coninagro está en contra tanto del Estado que interviene y ahoga como también del Estado que solamente confía en el mercado, como sucedió en los últimos cuatro años en donde el Gobierno anterior fue indiferente ante el dolor y la situación social. Entendemos que tenemos que trabajar con políticas económico sociales integrales y no con medidas particulares».

Las cooperativas

Puesto que la base de imposición es más alta que la de Bienes Personales, con esta nueva imposición patrimonial se habría de gravar activos como los títulos públicos nacionales, provinciales y municipales, los plazos fijos, cajas de ahorro en pesos y en moneda extranjera, inmuebles rurales (cuyos titulares sean personas humanas y sucesiones indivisas, cualquiera sea su destino o afectación), cuotas sociales de cooperativas, entre otros.

Las cooperativas no se encontrarían alcanzadas por este impuesto, aunque como las exenciones del Impuesto sobre los Bienes Personales no aplicarían para la liquidación del mismo, las personas humanas y sucesiones indivisas tenedoras de cuotas sociales de cooperativas, deberían incorporarlas en la base imponible

del futuro impuesto, tal como se encuentra dispuesto en el proyecto de Ley.

«El cooperativismo argentino se caracteriza por su territorialidad y potencial. El mundo está esperando que Argentina pueda proveer alimentos. Tenemos que tomar la decisión de dejar de alimentar animales y producir para alimentar a seres humanos, y allí la ecuación cambiaría por el agregado de valor», comentó el dirigente.

«La rehabilitación de la economía mundial ya se está produciendo, con el desafío de convivir en un sistema adaptado a la cuestión sanitaria pero en el que no se detenga la producción. Avizoramos un mercado externo favorable en precios de carnes , leche, cereales y sector vitivinícola, desde el Consejo Agroindustrial Argentino y también desde el Plan que presentó Coninagro está abordada la idea de robustecer una política exterior para aumentar la matriz exportadora, con posibilidades y señales auspiciosas para comenzar a sembrar algo de optimismo, pero cuando surgen cuestiones que entorpecen a los sectores pujantes y al desarrollo, volvemos a la premisa de que el problema somos nosotros».