En los últimos 18 meses, en cerca de 50 fiscalizaciones realizadas por el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), se detectaron un total de 444 trabajadores en situaciones de presunta explotación laboral. Los casos corresponden a actividades de resina, forestal, horticultura, ganadería, tambo, cultivo de papa, ovino, cría de porcinos, caña de azúcar, frutilla, avícola, olivo y cultivo de maíz, entre otras.
“El Registro tiene un trabajo coordinado tanto con el Gobierno Nacional, gobiernos provinciales y la justicia, con la idea de abarcar íntegramente la problemática, trabajando en la detección y abordaje de estas situaciones y que tengan sus sanciones correspondiente”, explicó Ramón Ayala, Director del Renatre.
Ante la denuncia o la detección de indicios de explotación laboral, se pone en marcha en forma automática la articulación con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, más específicamente con la Dirección Nacional de Fiscalización. A su vez, el Ministerio también coordina con el Registro aquellas denuncias de explotación laboral en el ámbito rural que hayan recibido.
“La Dirección Nacional de Fiscalización contiene el trabajo rural pero también tiene trabajo urbano y de muchas otras actividades, es ahí que el Renatre nos aporta una presencia fuerte en el ámbito rural, cuentan con una información muy valiosa en la que nos apalancamos”, afirmó Juan Conte, a cargo de dicha área.
El convenio marco del Registro con el Ministerio de Trabajo estipula la colaboración en fiscalización, y se está trabajando en una ampliación. La idea del acuerdo a firmarse es que las actas que realizan los inspectores de ambas partes puedan ser utilizadas por el otro organismo, de esta forma cada parte duplica sus capacidades inspectoras.
“Cuando se habla del trabajo rural, se está hablando de un universo muy grande de actividades y regiones con contextos diferentes. Es ahí donde el Renatre hace un análisis para detectar cuáles son efectivamente las producciones a las que más afecta esta problemática”, contextualizó Orlando Marino, Presidente del Registro.
En el caso de que haya detección de presunción de delito, se procede a realizar la denuncia correspondiente a través de la línea telefónica 145 de Asistencia y Denuncias por Trata de Personas, cuyo número de trámite es remitido inmediatamente a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Esta dependencia motoriza la intervención inmediata y el apoyo por parte de la fiscalía competente que se encuentre de turno en ese momento.
En lo que va del año, el Renatre realizó 28 denuncias de estos casos a la línea 145 y en 12 de ellas ha intervenido la PROTEX. “Renatre como uno de los actores de control laboral en actividades rurales tiene un rol clave en la detección de posibles casos de explotación laboral en el sector rural, que tiene sus propias dificultades producto de las características propias de los establecimientos rurales, alejados de centros urbanos o de grandes dimensiones que dificultan las tareas de detección e identificación de víctimas”, declaró Alejandra Mángano, Fiscal cotitular de la Procuraduría.
A su vez, la PROTEX solicita la intervención del Renatre a través de oficios, con el propósito de fiscalizar los diferentes establecimientos rurales que presentan indicios de presunta explotación laboral. A medida que avanza la investigación se articulan con el Registro las acciones de asistencia necesarias para las víctimas y con el comité de lucha contra la trata de personas.
El Renatre cuenta con una asistencia específica para las víctimas del delito de Trata de Personas, con una prestación económica por protección social que consiste en una suma de pago único. “Estas prestaciones son para aquellos trabajadores que se encuentran en las fiscalizaciones, que en muchos casos están en condiciones infrahumanas, con restricciones a la libertad de movimiento y endeudamiento inducido, viviendo en pésimas situaciones habitacionales, sin baño ni agua potable”, explicó el Directo del RENATRE, Ramón Ayala.
La OIT (Organización Internacional del Trabajo), en el Protocolo 2014 del Convenio 29 sobre trabajo forzoso, ratificado por la Argentina, afirma que estos controles son centrales para la detección de casos de trabajo esclavo.
“Las inspecciones laborales, las sanciones frente a los incumplimientos laborales y las investigaciones penales efectivas en casos de trata de personas, reducción a servidumbre y trabajo infantil son todas medidas necesarias para prevenir los abusos laborales extremos. El sector rural es un sector perjudicado por estos delitos, y las víctimas no suelen acercarse a denunciar, por eso es necesario que se promuevan controles efectivos que mejoren la detección”, concluyó la fiscal Mángano.
A modo de conclusión, el Presidente del RENATRE, Orlando Marino afirmó: “Este tipo de situaciones no pueden seguir ocurriendo, de lo que se trata es de mejorar las condiciones de los trabajadores, dignificando su tarea, la cual es sumamente importante en la producción. El trabajo de fiscalización en coordinación con los distintos organismos y partes es fundamental para lograr una mayor detección de estos casos”.
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