El anuncio realizado ayer por el presidente Alberto Fernández sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para intervenir la empresa Vicentín y el proyecto de Ley al Congreso Nacional para su expropiación, generó algunas opiniones centradas en la oportunidad de ambas acciones, teniendo en cuenta que la empresa se encontraba en un proceso de convocatoria de acreedores en la órbita de la Justicia.  

Según el economista David Miazzo, “hay un mecanismo establecido en el que interviene la Justicia en este tipo de casos. La empresa se presenta en concurso de acreedores y se genera un procedimiento judicial y económico que normalmente se sigue. Eso quiere decir que la intervención del Estado no es la única alternativa en estas situaciones. Tranquilamente podría haberse presentado YPF como comprador de Vicentín, por las vías naturales que indica la ley”.

Miazzo se mostró preocupado debido a que “la seguridad jurídica es una de las principales cosas que Argentina no tiene y es origen de una parte importante de nuestros problemas”.

Por su parte, el ingeniero Néstor Roulet, productor agropecuario y ex vicepresidente de CRA, dijo que “hay herramientas legales y judiciales para darle una solución, por eso me parece totalmente inapropiado intervenir la empresa mediante un DNU. Incluso hay varias personas que están sufriendo las consecuencias y tenían la esperanza de recuperar lo que perdió a través del patrimonio de la empresa o un plan de 5 a 10 años. Si yo fuera acreedor de Vicentín estaría bastante preocupado”. 

Roulet también comentó que “se forma un antecedente que no es bueno para el país, para casos como el de Vicentín están las leyes y los jueces. Me llegaron algunos mensajes comentando de que en la empresa se hicieron mal los balances y los fraguaron, pero la Justicia debe determinarlo y condenar a los culpables”.