La conducción de Federación Agraria Argentina (FAA), encabezada por su presidente, Omar Príncipe, dio a conocer ayer los detalles del proyecto de Ley de Semillas elaborado por la institución y las entidades del Complejo Federado, que será enviado en las próximas horas al Ministerio de Agroindustria y al Congreso de la Nación.

Príncipe explicó que la FAA presenta «esta propuesta propia para aportar al debate y plantear claramente cuáles son los principios que necesitan los agricultores, más allá de saber que existe una iniciativa del Poder Ejecutivo, a la que aún no pudimos acceder, y que hay otras con estado parlamentario, prontas para ser discutidas en la Comisión de Agricultura del Congreso de la Nación».

El dirigente sostuvo: «Venimos de un largo proceso de resistencia ante abusos de posición dominante por parte de una empresa, que intentó avanzar sobre los derechos de los productores poniendo en riesgo la comercialización de granos».

Al respecto, recordó que la entidad ha denunciado ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia esta situación, «que aún no se ha resuelto». En este contexto, Príncipe señaló que «se abrió la discusión sobre la necesidad de una nueva Ley de Semillas».

El dirigente detalló los principios incorporados en el proyecto de ley de la FAA que considera deben ser reflejados en cualquier nueva iniciativa vinculada al tema semillas, entre los que figuran:

* Declarar de orden público las disposiciones de la ley relativas a derechos y limitaciones, así como el régimen de licencias obligatorias y de cláusulas antimonopólicas;

* Establecer el principio de agotamiento de los derechos de propiedad intelectual con la compra de la semilla;

* Determinar un marco específico para los agricultores familiares e incorporar definiciones de semillas nativas y criollas;

* Mantener el uso propio como derecho del agricultor con una excepción para los grandes productores;

* Declarar la invalidez de condiciones abusivas en la compra de semillas;

* Incorporar un sistema de licencias obligatorias para prevenir los casos de abuso;

* Mejorar y fortalecer las estructuras institucionales del Instituto Nacional de Semillas (Inase), de la Comisión Nacional de Semillas (Conase) y del Consejo Federal de Semillas;

* Adaptar la ley al nuevo marco normativo internacional con la ratificación de la Argentina del Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura y el Protocolo de Nagoya accesorio del Convenio sobre la Diversidad Biológica;

* Adoptar terminología acorde a los marcos regulatorios internacionales;

* Determinar el régimen de sanciones civiles y comerciales, claras para casos concretos y sin asimilaciones a tipos penales; limitando el rol del Inase y prohibiendo cláusulas contractuales anticompetitivas.

FUENTE: DyN