Representantes de la Mesa de Enlace y de la Federación de Acopiadores de Cereales concurrieron ayer a una reunión ante el pedido del Ministerio de Transporte de la Nación, en un intento por solucionar el conflicto suscitado en el transporte de granos, informaron las entidades en un comunicado.

Según indicaron, la protesta se da «en momentos críticos por  el impacto climático en muchas regiones del país», y agregaron que el conflicto «se expandió al movimiento de hacienda en pie, de insumos y fertilizantes en momentos de plena siembra del trigo».

«Concurrimos con toda disposición pero bajo dos premisas: primero, que si había reunión con los transportistas se diera en el marco de un levantamiento de la medida de fuerza. Segundo, que por encima de cualquier solución la competencia y las decisiones provinciales sobre la discusión tarifaria deben darse en ese ámbito, donde la actividad puede ser evaluada y la tarifa -que siempre es orientativa- está en relación con la realidad de cada región. Ejemplo de ello es el acta cerrada el día de la fecha (por ayer) en Córdoba», explicaron en el comunicado.

El documento asegura que en abril de este año se incrementaron un 30% las tarifas nacionales del transporte de carga, y señala que los dadores de carga siempre se han «sentado a dar la discusión por las tarifas en los momentos acordados históricamente, o sea fuera del momento de cosecha y mayor necesidad de transportar los granos».  Y agrega que hoy, el transporte de los granos para un establecimiento en la provincia de Buenos Aires ubicado a 400 kilómetros del puerto se lleva un 30% de la carga en maíz y trigo, y un 20% en la soja.

«Requerimos a las autoridades una rápida intervención garantizando el tránsito en las rutas,  contribuyendo a la solución del conflicto, entendiendo la situación integral con la mirada en una Argentina que necesita consolidar su puesta en marcha de la mano del campo», cierra el comunicado.

La medida de fuerza, impulsada por los empresarios que forman parte de la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (Catac) y la Federación de Transportadores Argentinos (Fetra), comenzó de manera sorpresiva el pasado 18 de julio, y además de impedir ilegalmente el desarrollo de la actividad a quienes no adhieren, se produce en un momento clave para la actividad productiva del país.

La protesta impide el normal traslado de la cosecha de granos que aún no ha terminado en varias regiones afectadas por el exceso hídrico. También dificulta el inicio de la nueva campaña al interrumpir el traslado de insumos clave como los fertilizantes necesarios para la siembra. Y frena la exportación de granos y aceites en un momento en el que todo el país necesita de los aportes de la agroindustria para la reactivación económica.

Desde la Federación de Acopiadores aseguran que mantener un buque sin carga en los puertos tiene un costo de u$s30.000 diarios, y desde el sector estiman que en los principales puertos cerealeros hay unos 120 buques varados desde el lunes. Además, la medida comienza a impactar en el normal desenvolvimiento del país, poniendo en riesgo el abastecimiento de combustibles, carnes y demás productos clave.

En el mes de abril de este año, se incrementaron en un 30% las tarifas nacionales del transporte de carga. Y ahora, el mismo sector exige un 33% más que, de aceptarse, daría un acumulado del orden del 73% en menos de un año.