El esquema de recaudación que Monsanto intenta imponer compulsivamente para el cobro de la tecnología Intacta incorporada a la semilla de soja hará estallar un nuevo conflicto cuando se comercialice el grano de la nueva campaña, algo que ya ha comenzado a manifestarse en las operaciones forward.

Desde la Federación de Acopiadores entienden que es «importante que a los dueños de las tecnologías se les retribuya por sus aportes a las semillas. Pero estamos convencidos que el procedimiento elegido por Monsanto, de utilizar a los comercializadores de soja para que funcionen como sus agentes de recaudación, no es el camino».

La situación

Como Monsanto no quiere asumir el costo de la cobranza del canon de la semilla, pretende utilizar a los agentes del comercio de granos como sus recaudadores. Así, exportadores, acopiadores y cooperativas, que nada tienen que ver con el negocio de la semilla de soja, se ven involucrados en un mecanismo que distorsiona el comercio al ser obligados a actuar como agentes de retención y recaudación a favor de la empresa multinacional.

Este mecanismo es fuertemente cuestionado y rechazado por las entidades de productores, acopiadores, cooperativas y corredores. Incluso también Aapresid sostiene que tanto el germoplasma como la tecnología deben cobrarse en la semilla y no en el grano de soja. La iniciativa de Monsanto tuvo principios de ejecución para la soja de la campaña 14/15 producida en el NOA y NEA y pudo ser instrumentada porque la compañía obligó a los compradores finales (exportadores e industriales) a incorporar en sus contratos de compra de soja en forma compulsiva, la “cláusula de biotecnología” comentada. “Se compra con la cláusula sí o sí. Si no se acepta no hay compradores de soja”.

De esta forma, la compañía podría llegar a quebrantar los usos, costumbres y principios que rigen la comercialización de granos en nuestro país gracias al condicionamiento que impuso a los exportadores para otorgar los “certificados de bioseguridad” que China exige a la importación de soja.

Es evidente que si no existe alguna solución por parte del Estado que resuelva semejante conflicto, la comercialización de la próxima campaña de soja tendrá serios problemas.

En rigor, el problema ya comenzó a manifestarse porque hoy los exportadores imponen, en sus contratos de compra de grano de soja de la próxima campaña (forwards), la famosa cláusula de biotecnología por la cual  los acopiadores, que no somos los dueños de la soja, debemos aceptar la retención de hasta U$S 15 por tonelada en caso de que el grano  contenga la presencia de tecnología patentada por Monsanto que, recordamos, es un procedimiento aplicado a la semilla que nada tiene que ver con el grano y el uso que se le dará.

Está claro que ante la imposibilidad de encontrar una “solución de mercado” (todos los exportadores han celebrado acuerdos secretos con Monsanto y los vendedores no tenemos opción), el conflicto requiere una solución del Estado, arbitrando entre los intereses y posiciones de las partes. Es un claro ejemplo de la necesidad de una intervención estatal para la solución de conflictos.