El gobierno nacional concretó el depósito de fondos por $37 millones en la cuenta bancaria de 925 productores de peras y manzanas de las provincias de Río Negro y Neuquén.

Se trata de los primeros desembolsos en el marco del acuerdo firmado el pasado mes de febrero por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación con los gobiernos de esas provincias.

La secretaria de Desarrollo Rural, Carla Campos Bilbao, explicó que se trata de “aportes no reintegrables a los productores de peras y manzanas”.

En un primer tramo, se destinarán $110 millones de un fondo de hasta 300 millones para la cosecha de la fruta, con un desembolso inicial por parte del gobierno nacional de $50 millones.

Los productores beneficiados en el primer desembolso, realizado el pasado martes, poseen hasta 15 hectáreas en producción y fueron todos los que presentaron la documentación requerida.

“Recibieron 17 centavos por kilo cosechado y entregado, por un cálculo efectuado sobre la cosecha del año 2014”, destacó Campos Bilbao.

El resto de los productores, que por diversas razones no pudieron presentar la documentación, comenzaron a cobrar el miércoles en el Banco Nación, pero 10 centavos por kilo por un estimado de 30.000 kilos por hectárea.

Campos Bilbao remarcó también que “el compromiso del gobierno nacional con los productores del valle también se materializó con la puesta en vigencia, desde hace un mes, de una línea de crédito de $100 millones a tasa subsidiada para atender necesidades de capital de trabajo o inversión de los productores de la región”.

La cartera que conduce Carlos Casamiquela, junto con el senador nacional Miguel Pichetto,  han conducido la implementación de esta estrategia para atender a la mayor cantidad posible de pequeños productores.

“Para seguir adelante con los acuerdos suscriptos es necesario que el sector empresario  avance en su compromiso de firmar e implementar el  Convenio de Corresponsabilidad Gremial, que garantice la regularización de todos los trabajadores del sector”, destacó Pichetto.

La implementación de los convenios aún está pendiente, pese a que el sector empresario se comprometió con un acta acuerdo firmada en enero y el Ministerio de Trabajo de la Nación está trabajando en el territorio desde hace más de dos años con los relevamientos necesarios.