El fiscal de Estado subrogante de Mendoza, Javier Fernández, denunció penalmente a funcionarios de la Dirección de Ganadería y a proveedores, a quienes acusó de constituir una «asociación ilícita» para estafar a la provincia entre 2013 y 2014 en algo más de $5,5 millones.
Según la acusación, empresas fantasma emitían facturas apócrifas como proveedores del Estado para lograr pagos por la prestación de servicios o bienes que nunca existieron.
Fuentes de la Fiscalía remarcaron que la situación se agrava porque los funcionarios encargados de la emisión de los cheques oficiales «cobraban en el banco por ventanilla los importes, como apoderados de las empresas virtuales».
Las actuaciones de la Fiscalía de Estado se iniciaron a partir de la remisión por parte del Tribunal de Cuentas de la provincia de los resultados de un juicio parcial de cuentas efectuado a la Dirección de Ganadería, donde detectaron irregularidades.
En esas actuaciones se observaron pagos por diversas prestaciones de servicios a cargo de un mismo proveedor, añadieron las fuentes.
«La investigación no está terminada. Sigue en curso en distintos expedientes de seguimiento y estaremos a la espera de los fallos definitivos por parte del Tribunal de Cuentas», confirmó Fernández.
En su presentación, el fiscal expuso que tenía la «certeza suficiente» de que se perpetró «un fraude mediante la obtención de facturas apócrifas, utilizadas para obtener pagos por bienes y servicios inexistentes o duplicar pagos a proveedores».
También resolvió presentar la denuncia en la Fiscalía Federal con competencia en lo penal y remitió copias a la Administración Tributaria de Mendoza y a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para que «tomen participación».
Durante la investigación, explicaron las fuentes, se detectó que había «diversas empresas fantasma» que «se desempeñaban en todos los casos en idéntica prestación de servicio y por montos similares como encomienda, impresión, albañilería, montaje de estructura y reparación de computadoras».
En primera instancia, el perjuicio al erario provincial ascendería, en 2013, a $1.572.413,33. Hasta junio de 2014 se contabilizaron $486.106,46.
Los voceros de la Fiscalía indicaron que la investigación continúa en curso, por lo que se estima que la estafa al Estado rondaría los $5,5 millones.
También sostuvieron que «en las declaratorias tomadas a diversos proveedores declararon no haber prestado nunca servicios a la Dirección de Ganadería, ni reconocer como propias las facturas presentadas a nombre de ellos, tanto por la numeración como por el diseño».
Eso «implicaría adulteración de comprobantes«, añadió, y dijo que además «se pudo corroborar que figuraban tres proveedores con domicilio a no más de 60 metros de distancia entre ellos, situados en la misma calle y que habrían prestado idénticos servicios».
Para graficar la gravedad de la aparente estafa, las fuentes señalaron que al pedir testimonio a un proveedor de servicios informáticos -a cuyo nombre se habían cobrado más de $105 mil en la Dirección de Ganadería- el empresario dijo no tener «ni idea» porque siempre le habían pagado «en efectivo».
Las fuentes apuntaron entonces al «grado de ineptitud, arrogancia y desorden» en el área de Ganadería para que se pudieran dar esas maniobras irregulares.
FUENTE: DyN
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