Luego de la propuesta de la Presidente Cristina Fernández, quien autorizó el reintegro de los derechos de exportación para el trigo a través de un fideicomiso manejado por el Banco Nación y todos los actores de la cadena exportadora, surgieron las voces discordantes que marcaron recelo frente a la iniciativa.
A través de un comunicado, la Sociedad Rural argumentó: “El Gobierno continúa trabando el normal funcionamiento de los mercados trigueros y garantiza la aplicación de cupos a la exportación de trigo que son funcionales sólo a los exportadores y molineros que pagan monedas por el cereal”.
Los agrodiputados Chemes y Aspiazu arguementaron algo parecido al planteo de la SRA. “Si el Gobierno quiso manotear los fondos de la Corte, no hay ninguna razón para pensar que va a respetar un fideicomiso de trigo. Para colmo, estaría supuestamente administrado para quienes se quedaron con 3000 millones de dólares como son la molinería y los exportadores de Ciara… Deben creer que somos muy estúpidos al pensar que vamos a confiar en esto”, sostuvo Chemes.
La conducción de la Federación Agraria no emitió ninguna opinión institucional sobre el anuncio de la Presidenta. Tampoco lo hicieron CRA ni Coninagro.
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