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Actualidad

05/03/2012

Se sancion贸 una ley pero faltan otras

Limitar a la propiedad extranjera de tierras agr铆colas fue el objetivo de la ley que el Congreso Nacional sancion贸 al fi nalizar 2011. Pero, este es solo un aspecto de la problem谩tica de la tierra rural. Testimonios y opiniones sobre los debates pasados y los pendientes.

Los recursos naturales de la Argentina son uno de los beneficios que su extensa y variada geograf铆a ha brindado a nuestro pa铆s. Su buen uso es, en los 煤ltimos a帽os, una聽 preocupaci贸n creciente de la sociedad. Una inquietud que parte de la sospecha que algunas cosas no se est谩n haciendo bien en materia de sostenibilidad de las聽 explotaciones, y protecci贸n y control del territorio. Sobre todo, en funci贸n de la importancia que esos recursos tienen para el desarrollo econ贸mico del pa铆s. Para la agricultura y su complejo agroindustrial vinculado es evidente lo crucial de la cuesti贸n, tan solo para聽 mantener la disponibilidad de dos pilares de la actividad: suelo y agua.

En este contexto, en los 煤ltimos d铆as de 2011, el Congreso Nacional sancion贸 la ley N潞聽 26.737, que establece un 鈥淩茅gimen de Protecci贸n al Dominio Nacional sobre la聽 Propiedad, Posesi贸n o Tenencia de la Tierras Rurales鈥. M谩s conocida como Ley de

Extranjerizaci贸n de la Tierra o Ley de Tierras, la norma inici贸 su vida legislativa a partir de un proyecto presentado por la Federaci贸n Agraria Argentina (FAA), en 2002. En 2010, tom贸 un nuevo impulso, cuando el ex vicepresidente 1潞 de la FAA, Pablo Orsolini, logr贸 reinstalarlo en la C谩mara de Diputados, a poco de asumir su banca, representando al

Chaco, por el Acuerdo C铆vico y Social, luego de las elecciones legislativas de 2009. Las que llevaron al Congreso a una decena de legisladores surgidos de la dirigencia agropecuaria que protagoniz贸 el conflicto de 2008 por la Resoluci贸n 125. Entre 2010 y 2011, se sum贸 una cantidad de proyectos que -incluido uno del oficialismo-, en diciembre de 2011, al momento de aprobarse el proyecto oficial, alcanz贸 un total de 17. En聽 diciembre pasado, el gobierno de Cristina Fern谩ndez, utilizando su mayor铆a propia en el聽 Congreso, logr贸 en pocas semanas imprimirle la velocidad legislativa que el tema no tuvo a帽os antes, sancionando la nueva norma, que entre sus puntos destacados dispone:

  • Limitar al 15 % a la proporci贸n de tierras rurales que podr谩n venderse a personas f铆sicas extranjeras o jur铆dicas de capital societario mayoritariamente for谩neo.
  • Fijar una superficie de 1.000 has. en la Zona N煤cleo Pampeana, o su equivalente en otras zonas del pa铆s, como la m谩xima extensi贸n de tierra que puede venderse a聽 extranjeros.
  • Crear un Registro Nacional de Tierras Rurales, integrado por los ministerios de Justicia y Agricultura, que controlar谩 la aplicaci贸n de la ley y -en 180 d铆as, a partir de su聽 reglamentaci贸n, a煤n pendiente- deber谩 hacer un relevamiento catastral, dominial y de registro de personas jur铆dicas que determine la propiedad y posesi贸n de las tierras聽 rurales.
  • Crear un Consejo Interministerial de Tierras Rurales (integrado por Justicia, Agricultura, Defensa, Interior, Jefatura de Gabinete y Secretaria de Ambiente) cuyas principales funciones ser谩n: la aplicaci贸n de la ley, la ejecuci贸n de la pol铆tica nacional sobre tierras rurales y determinar las equivalencias de superficie, en cada regi贸n del pa铆s, respecto de las 1.000 has. de la Zona N煤cleo Pampeana.

Pero m谩s all谩 de los antecedentes locales de la Ley, la cuesti贸n del resguardo del recurso tierra por parte de los estados nacionales tiene tambi茅n una vertiente聽 internacional a partir de lo que se denomina 鈥渓and grabbing鈥 o acaparamiento de tierras.聽 Es un fen贸meno que la FAO estudia hace varios a帽os a partir de pa铆ses como China, India y Arabia Saudita que -para cubrir su demanda alimentariahan comenzado a comprar tierras en otros pa铆ses de Africa, para asegurarse la producci贸n de alimentos a futuro.

Algo de esto ya se conoci贸 en 2011 en la Argentina, a partir de una iniciativa saudita en la provincia del Chaco y de otra similar china en R铆o Negro. En este sentido, Osvaldo Barsky, economista, master en Sociolog铆a Rural e investigador del Conicet, sostiene

que 鈥渆stos temas merecen un debate serio, profundo que no se ha dado en las c谩maras, para luego s铆 poder discutir cuestiones de soberan铆a nacional鈥. Seg煤n su 贸ptica, ninguno

de los proyectos que llegaron al Congreso, incluido el que finalmente se aprob贸 tiene informaci贸n fidedigna sobre la proporci贸n de tierras rurales que actualmente est谩n en manos extranjeras.

Sostiene que el estudio que para la FAO realizaron en el pa铆s Mar铆a Rosa y Miguel Murmis -presentado en octubre de 2011 y no considerado por ning煤n legislador nacional- 鈥渆s el 煤nico que tiene informaci贸n confiable sobre cu谩nta inversi贸n extranjera hay en tierras en el pa铆s, que para esa fecha era del 3,85 % de las tierras agr铆colas, en manos de聽 empresas internacionales, m谩s otro 1,23 % en poder de compa帽铆as de capital mixto聽 (nacional y extranjero). O sea que entre extranjeras y mixtas tendr铆amos en este momento un 5,08 % de la tierra rural en la Argentina.鈥

Sin duda, el 5 % de tierras agr铆colas en manos extranjeras est谩 lejos del 10 a 20 % que聽 citaban los legisladores en los 17 proyectos de ley presentados. La diferencia tambi茅n es grande si se la compara con el l铆mite del 15 % establecido en la norma. A煤n as铆, para una

ley impulsada para limitar la posesi贸n extranjera de tierras agr铆colas, se da la paradoja que -tal como qued贸 el texto y tomando como referencia el trabajo de FAO- la flamante norma, antes que disminuir, permitir铆a aumentar la inversi贸n extranjera existente en

tierras agr铆colas en la Argentina.

La preocupaci贸n por la falta de informaci贸n confiable en cuanto al dominio de las tierras agr铆colas citada por Barsky coincide con el punto de vista de Roberto Frenkel Santill谩n, presidente de la C谩mara Argentina de Inmobiliarias Rurales. Mientras el investigador

sostiene que 鈥渉ay gran cantidad de provincias en las que actualmente los catastros no existen鈥, para el empresario 鈥渆s urgente que se realice un catastro, donde se conozca

de qui茅n es la tierra, la cantidad que est谩 en manos de extranjeros, en manos nacionales,

las que son tierra fiscal y tambi茅n determinar qu茅 es tierra rural, porque hay much铆simas hect谩reas que se pueden llegar a considerar tierras rurales, pero que tienen un uso muy distinto鈥.

A prop贸sito de la informaci贸n catastral, la ley prev茅 la creaci贸n de un Registro Nacional de Tierras. Aqu铆 surge otro de los cuestionamientos a la ley: la delegaci贸n impl铆cita de una potestad provincial a la Naci贸n, que algunos juzgan inconstitucional. Tal es el caso de Hugo Luis Biolcati, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), para quien 鈥渆sta ley avasalla los derechos provinciales porque parte de la base de considerar a la tierra un

recurso natural no renovable. Y la tierra es renovable si se aplica una t茅cnica razonable

de explotaci贸n.Y si es un recurso natural, por la Constituci贸n Nacional, pertenece a las provincias鈥.

Para el dirigente la iniciativa 鈥渄eber铆a ser una ley marco, algo parecido a la ley de bosques (de manera tal) que cada provincia la adapte a sus necesidades鈥. Con Biolcati coincide Carlos Garetto, presidente de la Confederaci贸n Intercooperativa Agropecuaria聽 (CONINAGRO), para quien en el debate legislativo 鈥渜uisieron centralizar el uso de la tierra que est谩 en el dominio de las provincias, como si se hubieran invadido las jurisdicciones鈥.

En el mismo sentido opin贸 Juan Carlos Goya, vicepresidente primero de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), para quien este tema 鈥渆s una problem谩tica constitucional a resolver, porque si la tierra es de la provincia, su administraci贸n y su destino deber铆a

ser una potestad indelegable鈥.

Mucho por hacer. Para la FAA, la ley qued贸 a mitad de camino de sus objetivos. En este sentido, Luciana Soumoulou, abogada y coordinadora de la Comisi贸n de Tierras de la聽 organizaci贸n, se帽al贸 que a 鈥渓a actual ley lograron instalarla como `ley de tierras鈥, pero deja mucho que desear. En lo que m谩s disentimos es en el l铆mite de 1.000 ha para la zona n煤cleo y en c贸mo se determina una superficie equivalente para las otras zonas鈥. Si bien rescata que la norma limite la propiedad extranjera y cree un registro nacional de聽 inmuebles rurales, considera una deuda que no aborde el tema de la concentraci贸n del uso del recurso. 鈥淧or eso creemos que a煤n queda mucho por hacer en el tema, como

por ejemplo el l铆mite a la cantidad de hect谩reas que puede trabajar un pool de siembra鈥.

Concentraci贸n, propiedad y uso del recurso tierra son tres conceptos fuertemente聽 interrelacionados sobre los cuales tambi茅n se escuchan apreciaciones diversas. La ley en cuesti贸n intenta legislar solo sobre un aspecto de la propiedad (la tenencia extranjera),

pero nada dice sobre su uso y tenencia en funci贸n de la sustentabilidad de la producci贸n.

Seg煤n Barsky, desde 1910 en adelante la tenencia de la tierra ha evolucionado en forma聽聽 inversa a lo que en la sustentabilidad de los sistemas de explotaci贸n, en el cuidado del

medio ambiente, todos factores que (en la ley) no est谩n contemplados en absoluto鈥. Por

su parte, Garetto sostiene que 鈥渃on la ley de extranjerizaci贸n no es suficiente. Tenemos que tener otra de utilizaci贸n y tenencia de la tierra, ‘aggiornando’ la ley de arrendamientos de tal manera que el bien est茅 al servicio de la producci贸n y no de la especulaci贸n inmobiliaria禄. En tanto, Goya destac贸 que 鈥渆s m谩s importante la utilizaci贸n de la tierra que la propiedad misma. La verdadera preocupaci贸n es qu茅 se hace con la tierra y el debate se debi贸 hacer con la participaci贸n de todos los sectores, para establecer una pol铆tica de tierras para los pr贸ximos 20 o 30 a帽os鈥.

Cr铆tica. La apreciaci贸n de Goya respecto de la falta de un debate amplio y profundo para la redacci贸n de la ley, as铆 como el apresuramiento en su tratamiento durante diciembre 煤ltimo, es una cr铆tica mayoritaria, m谩s all谩 que todos coinciden en que el tema ameritaba su tratamiento legislativo. La excepci贸n en este aspecto la marca la FAA, que se atribuye el logro de haber instalado el debate en las comisiones legislativas, mucho antes que el oficialismo planteara el tema.

En este sentido, Luciana Soumuolou, dijo a Super CAMPO que 鈥渆l debate se ven铆a dando, era muy bueno, fue muy amplio y no lo logra el oficialismo. Lo hab铆amos logrado nosotros en las comisiones de Agricultura, Asuntos Constitucionales y de Legislaci贸n General, con reuniones plenarias, donde participaron las entidades vinculadas con la problem谩tica de la tierra, antes que el Poder Ejecutivo presentara su proyecto. Lo que s铆 ocurri贸 luego del 10 de diciembre -admiti贸-, es que el oficialismo aceler贸 la discusi贸n y el debate no tuvo el聽 nivel que hubi茅ramos deseado. Creo que es injusto decir que no se debati贸. El debate rico se hab铆a dado antes en las, por eso el Ejecutivo arma un proyecto recogiendo los debates de las comisiones.

Hasta aqu铆, opiniones sobre la ley que est谩 y las que faltar铆an. Pero lo cierto es que al聽 cierre de esta edici贸n, la Ley de Tierras segu铆a siendo teor铆a. Se esperaba que la聽 presidente Cristina Fern谩ndez firmara el decreto reglamentario, que una vez publicado en el Bolet铆n Oficial, dar谩 luz verde a su aplicaci贸n.

En la redacci贸n de ese decreto,聽 trabajaron durante enero y febrero los ministros de Agricultura, Norberto Yahuar, y de聽 Justicia, Julio Alak, y sus equipos t茅cnicos. La reglamentaci贸n podr铆a aclarar algunas de las dudas, observaciones y cr铆ticas que se han expresado sobre la ley. Hasta se firme, los funcionarios nacionales vinculados al tema se han llamado a silencio. Por eso falta el聽 punto de vista oficial en esta nota que intent贸 reflejar la mayor cantidad de voces sobre un tema -la tierra- cuyo debate seguir谩 abierto.

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