Los recursos naturales de la Argentina son uno de los beneficios que su extensa y variada geografía ha brindado a nuestro país. Su buen uso es, en los últimos años, una  preocupación creciente de la sociedad. Una inquietud que parte de la sospecha que algunas cosas no se están haciendo bien en materia de sostenibilidad de las  explotaciones, y protección y control del territorio. Sobre todo, en función de la importancia que esos recursos tienen para el desarrollo económico del país. Para la agricultura y su complejo agroindustrial vinculado es evidente lo crucial de la cuestión, tan solo para  mantener la disponibilidad de dos pilares de la actividad: suelo y agua.

En este contexto, en los últimos días de 2011, el Congreso Nacional sancionó la ley Nº  26.737, que establece un “Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la  Propiedad, Posesión o Tenencia de la Tierras Rurales”. Más conocida como Ley de

Extranjerización de la Tierra o Ley de Tierras, la norma inició su vida legislativa a partir de un proyecto presentado por la Federación Agraria Argentina (FAA), en 2002. En 2010, tomó un nuevo impulso, cuando el ex vicepresidente 1º de la FAA, Pablo Orsolini, logró reinstalarlo en la Cámara de Diputados, a poco de asumir su banca, representando al

Chaco, por el Acuerdo Cívico y Social, luego de las elecciones legislativas de 2009. Las que llevaron al Congreso a una decena de legisladores surgidos de la dirigencia agropecuaria que protagonizó el conflicto de 2008 por la Resolución 125. Entre 2010 y 2011, se sumó una cantidad de proyectos que -incluido uno del oficialismo-, en diciembre de 2011, al momento de aprobarse el proyecto oficial, alcanzó un total de 17. En  diciembre pasado, el gobierno de Cristina Fernández, utilizando su mayoría propia en el  Congreso, logró en pocas semanas imprimirle la velocidad legislativa que el tema no tuvo años antes, sancionando la nueva norma, que entre sus puntos destacados dispone:

• Limitar al 15 % a la proporción de tierras rurales que podrán venderse a personas físicas extranjeras o jurídicas de capital societario mayoritariamente foráneo.

• Fijar una superficie de 1.000 has. en la Zona Núcleo Pampeana, o su equivalente en otras zonas del país, como la máxima extensión de tierra que puede venderse a  extranjeros.

• Crear un Registro Nacional de Tierras Rurales, integrado por los ministerios de Justicia y Agricultura, que controlará la aplicación de la ley y -en 180 días, a partir de su  reglamentación, aún pendiente- deberá hacer un relevamiento catastral, dominial y de registro de personas jurídicas que determine la propiedad y posesión de las tierras  rurales.

• Crear un Consejo Interministerial de Tierras Rurales (integrado por Justicia, Agricultura, Defensa, Interior, Jefatura de Gabinete y Secretaria de Ambiente) cuyas principales funciones serán: la aplicación de la ley, la ejecución de la política nacional sobre tierras rurales y determinar las equivalencias de superficie, en cada región del país, respecto de las 1.000 has. de la Zona Núcleo Pampeana.

Pero más allá de los antecedentes locales de la Ley, la cuestión del resguardo del recurso tierra por parte de los estados nacionales tiene también una vertiente  internacional a partir de lo que se denomina “land grabbing” o acaparamiento de tierras.  Es un fenómeno que la FAO estudia hace varios años a partir de países como China, India y Arabia Saudita que -para cubrir su demanda alimentariahan comenzado a comprar tierras en otros países de Africa, para asegurarse la producción de alimentos a futuro.

Algo de esto ya se conoció en 2011 en la Argentina, a partir de una iniciativa saudita en la provincia del Chaco y de otra similar china en Río Negro. En este sentido, Osvaldo Barsky, economista, master en Sociología Rural e investigador del Conicet, sostiene

que “estos temas merecen un debate serio, profundo que no se ha dado en las cámaras, para luego sí poder discutir cuestiones de soberanía nacional”. Según su óptica, ninguno

de los proyectos que llegaron al Congreso, incluido el que finalmente se aprobó tiene información fidedigna sobre la proporción de tierras rurales que actualmente están en manos extranjeras.

Sostiene que el estudio que para la FAO realizaron en el país María Rosa y Miguel Murmis -presentado en octubre de 2011 y no considerado por ningún legislador nacional- “es el único que tiene información confiable sobre cuánta inversión extranjera hay en tierras en el país, que para esa fecha era del 3,85 % de las tierras agrícolas, en manos de  empresas internacionales, más otro 1,23 % en poder de compañías de capital mixto  (nacional y extranjero). O sea que entre extranjeras y mixtas tendríamos en este momento un 5,08 % de la tierra rural en la Argentina.”

Sin duda, el 5 % de tierras agrícolas en manos extranjeras está lejos del 10 a 20 % que  citaban los legisladores en los 17 proyectos de ley presentados. La diferencia también es grande si se la compara con el límite del 15 % establecido en la norma. Aún así, para una

ley impulsada para limitar la posesión extranjera de tierras agrícolas, se da la paradoja que -tal como quedó el texto y tomando como referencia el trabajo de FAO- la flamante norma, antes que disminuir, permitiría aumentar la inversión extranjera existente en

tierras agrícolas en la Argentina.

La preocupación por la falta de información confiable en cuanto al dominio de las tierras agrícolas citada por Barsky coincide con el punto de vista de Roberto Frenkel Santillán, presidente de la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales. Mientras el investigador

sostiene que “hay gran cantidad de provincias en las que actualmente los catastros no existen”, para el empresario “es urgente que se realice un catastro, donde se conozca

de quién es la tierra, la cantidad que está en manos de extranjeros, en manos nacionales,

las que son tierra fiscal y también determinar qué es tierra rural, porque hay muchísimas hectáreas que se pueden llegar a considerar tierras rurales, pero que tienen un uso muy distinto”.

A propósito de la información catastral, la ley prevé la creación de un Registro Nacional de Tierras. Aquí surge otro de los cuestionamientos a la ley: la delegación implícita de una potestad provincial a la Nación, que algunos juzgan inconstitucional. Tal es el caso de Hugo Luis Biolcati, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), para quien “esta ley avasalla los derechos provinciales porque parte de la base de considerar a la tierra un

recurso natural no renovable. Y la tierra es renovable si se aplica una técnica razonable

de explotación.Y si es un recurso natural, por la Constitución Nacional, pertenece a las provincias”.

Para el dirigente la iniciativa “debería ser una ley marco, algo parecido a la ley de bosques (de manera tal) que cada provincia la adapte a sus necesidades”. Con Biolcati coincide Carlos Garetto, presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria  (CONINAGRO), para quien en el debate legislativo “quisieron centralizar el uso de la tierra que está en el dominio de las provincias, como si se hubieran invadido las jurisdicciones”.

En el mismo sentido opinó Juan Carlos Goya, vicepresidente primero de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), para quien este tema “es una problemática constitucional a resolver, porque si la tierra es de la provincia, su administración y su destino debería

ser una potestad indelegable”.

Mucho por hacer. Para la FAA, la ley quedó a mitad de camino de sus objetivos. En este sentido, Luciana Soumoulou, abogada y coordinadora de la Comisión de Tierras de la  organización, señaló que a “la actual ley lograron instalarla como `ley de tierras’, pero deja mucho que desear. En lo que más disentimos es en el límite de 1.000 ha para la zona núcleo y en cómo se determina una superficie equivalente para las otras zonas”. Si bien rescata que la norma limite la propiedad extranjera y cree un registro nacional de  inmuebles rurales, considera una deuda que no aborde el tema de la concentración del uso del recurso. “Por eso creemos que aún queda mucho por hacer en el tema, como

por ejemplo el límite a la cantidad de hectáreas que puede trabajar un pool de siembra”.

Concentración, propiedad y uso del recurso tierra son tres conceptos fuertemente  interrelacionados sobre los cuales también se escuchan apreciaciones diversas. La ley en cuestión intenta legislar solo sobre un aspecto de la propiedad (la tenencia extranjera),

pero nada dice sobre su uso y tenencia en función de la sustentabilidad de la producción.

Según Barsky, desde 1910 en adelante la tenencia de la tierra ha evolucionado en forma   inversa a lo que en la sustentabilidad de los sistemas de explotación, en el cuidado del

medio ambiente, todos factores que (en la ley) no están contemplados en absoluto”. Por

su parte, Garetto sostiene que “con la ley de extranjerización no es suficiente. Tenemos que tener otra de utilización y tenencia de la tierra, ‘aggiornando’ la ley de arrendamientos de tal manera que el bien esté al servicio de la producción y no de la especulación inmobiliaria». En tanto, Goya destacó que “es más importante la utilización de la tierra que la propiedad misma. La verdadera preocupación es qué se hace con la tierra y el debate se debió hacer con la participación de todos los sectores, para establecer una política de tierras para los próximos 20 o 30 años”.

Crítica. La apreciación de Goya respecto de la falta de un debate amplio y profundo para la redacción de la ley, así como el apresuramiento en su tratamiento durante diciembre último, es una crítica mayoritaria, más allá que todos coinciden en que el tema ameritaba su tratamiento legislativo. La excepción en este aspecto la marca la FAA, que se atribuye el logro de haber instalado el debate en las comisiones legislativas, mucho antes que el oficialismo planteara el tema.

En este sentido, Luciana Soumuolou, dijo a Super CAMPO que “el debate se venía dando, era muy bueno, fue muy amplio y no lo logra el oficialismo. Lo habíamos logrado nosotros en las comisiones de Agricultura, Asuntos Constitucionales y de Legislación General, con reuniones plenarias, donde participaron las entidades vinculadas con la problemática de la tierra, antes que el Poder Ejecutivo presentara su proyecto. Lo que sí ocurrió luego del 10 de diciembre -admitió-, es que el oficialismo aceleró la discusión y el debate no tuvo el  nivel que hubiéramos deseado. Creo que es injusto decir que no se debatió. El debate rico se había dado antes en las, por eso el Ejecutivo arma un proyecto recogiendo los debates de las comisiones.

Hasta aquí, opiniones sobre la ley que está y las que faltarían. Pero lo cierto es que al  cierre de esta edición, la Ley de Tierras seguía siendo teoría. Se esperaba que la  presidente Cristina Fernández firmara el decreto reglamentario, que una vez publicado en el Boletín Oficial, dará luz verde a su aplicación.

En la redacción de ese decreto,  trabajaron durante enero y febrero los ministros de Agricultura, Norberto Yahuar, y de  Justicia, Julio Alak, y sus equipos técnicos. La reglamentación podría aclarar algunas de las dudas, observaciones y críticas que se han expresado sobre la ley. Hasta se firme, los funcionarios nacionales vinculados al tema se han llamado a silencio. Por eso falta el  punto de vista oficial en esta nota que intentó reflejar la mayor cantidad de voces sobre un tema -la tierra- cuyo debate seguirá abierto.