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Actualidad

31/03/2014

El campo entrerriano, en alerta por la suba del Inmobiliario

La Mesa de Enlace de esa provincia anunció que definirá los pasos a seguir luego de que se decrete la medida y se conozcan los montos de la alícuota.
Crédito: DyN
Protesta sobre la Ruta 14. Crédito: DyN (Archivo)

Las entidades que nuclean el sector agropecuario de Entre Ríos se encuentran a la espera de que se firme, finalmente, el decreto de aumento del Impuesto al Inmobiliario Rural, tal y como aprobó el Poder Legislativo a fines de 2013.

Alfredo Bel, delegado de la Federación Agraria Argentina (FAA) en esa provincia, explicó: “Estamos esperando el decreto del Ejecutivo que establecerá las alícuotas del aumento correspondiente al Impuesto Inmobiliario Rural. Una vez que tengamos los números serán analizados por la Mesa de Enlace y definiremos los pasos a seguir”.

“El decreto que autoriza la aplicación del aumento y las alícuotas aún no está, (por lo que) no sabemos los porcentajes de aumento que los productores deberán pagar”, agregó el ruralista, según difundió AIM Digital.

Bel señaló que esperan que se oficialice la medida para analizar el aumento, y recordó que dicha alícuota vence en abril.

“Una vez que tengamos este decreto, se reunirán todas las entidades del campo para analizarlo, hacer números, sacar porcentajes y definir los pasos a seguir y si puede llegar a haber medidas”, indicó.

La Reforma Tributaria fue convertida en ley el pasado 18 de diciembre por la Legislatura provincial. Fue promulgada y publicada en el Boletín Oficial a menos de 24 horas de ser sancionada. Dispuso aumentos en los impuestos inmobiliarios urbanos y rurales, automotores, en actividades productivas y de ocio, en servicios públicos y en el acceso a la justicia.

Al conocerse el dictamen favorable en ambas cámaras, la Mesa de Enlace Agropecuaria rechazó en plano el impuestazo e impulsó la formación de una multisectorial. Realizaron ya dos concentraciones en la provincia, en las rutas 14 y 127, en las que pidieron al Gobierno una instancia de diálogo para exigirle la derogación de la norma.

31 de marzo de 2014

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