La implementación del aislamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus ha impactado de lleno a muchas pymes, entre ellas a las dedicadas a la cerveza artesanal. Juan Manuel Insfrán, presidente de la Cámara de Cerveceros Artesanales de Argentina, dijo a Super Campo que “si no hay ayuda del Estado, casi el 90% de las actividades de producción y negocios van a estar en grave riesgo y con ellas las 6.500 familias que viven directamente de esta actividad, así como 50.000 personas de forma indirectas”. El 95% de la producción de cerveza artesanal se vende a bares y restaurantes.
El presidente de esta cámara de cerveceros sostiene que “el escenario es terrible y sabemos que la actividad de esparcimiento será una de las últimas en volver. Además no creemos que la actitud de la población no volverá a ser la misma de antes para salir a conocer a alguien. Muchas de las empresas hicieron generaron que sus pueblos sean un punto turístico y quién hará turismo como hace 8 meses”.
En cuanto a los créditos anunciados por el Gobierno nacional, Insfrán informó que solamente el 3% de la cámara (78% de la producción nacional) pudo acceder a los préstamos del 24% de interés. “Nuestras empresas venían endeudándose desde hace dos años por una terrible presión impositiva y un mercado destruyéndose”.
Según Insfrán, la porción el segmento artesanal representa el 3% del total de las ventas de cervezas “pero emplea casi la misma cantidad que las dos multinacionales cerveceras del país. Por eso la ley de góndolas nos parecía interesante para aumentar ese 3% y muchas empresas se habían endeudado para acceder al mercado de retail”.
En cuanto a los paliativos para la situación de estas pymes, Insfrán considera que “no es ilógico pedir que nos otorguen un crédito a tasa cero con 3 meses de gracia a devolver en 12 o 18 cuotas sin interés por un monto de tres veces la facturación de enero de este año. Con eso podremos mantener los sueldos y la estructura mientras pase esta situación”.
En el futuro inmediato, algunas empresas están activiando el procedimiento preventivo de crisis, acordando con los sindicatos una reducción del volumen salarial hasta que se levanten las restricciones sanitarias. “No queremos dejar en la calle a un empleado muy capacitado. El promedio de nuestras empresas es de 10 empleados. La mayoría de las empresas está tratando de llegar a un acuerdo con ellos porque no vemos medidas que nos hagan vislumbrar que pasará”.
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