La venta de semilla de soja fiscalizada, la campaña anterior, fue del 15% de lo sembrado, y las perspectivas en un año duro como el actual, con costos crecientes y precios internacionales fríos, augura que caerá más. “Estamos proyectando que apenas el 12% de la soja que se implante pagará por la tecnología”, indicó Alfredo Paseyro, titular de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) en diálogo con PERFIL, al abordar uno de los temas que más sacuden a la industria semillera nacional.

Sucede que en el mercado de las llamadas “autógamas”, entre las que se encuentran –además de la soja– el trigo y también especies forrajeras como la alfalfa, un productor puede volver a sembrarlas (algo que está legalmente contemplado) con el grano obtenido de sus propias cosechas, a diferencia de lo que sucede con los híbridos como el maíz, en los que no hay otra opción que volver a comprar semillas año a año.

El problema es que nunca queda claro cuánto grano guardó un productor para volver a sembrar al año entrante, y en muy poco tiempo se puede multiplicar exponencialmente esta disponibilidad. Paseyro realizó un cálculo sencillo. “El primer año un productor utiliza dos bolsas de semilla fiscalizada de soja para sembrar una hectárea, de lo que cosecha tres toneladas de grano. Si lo guarda todo para semilla, al tercer año tendrá capacidad para sembrar 1.300 hectáreas”. Este ejercicio que realizó verbalmente Paseyro debe ser tomado como una aproximación, porque claramente ningún productor guarda toda su cosecha para resembrar, pero ilustra una realidad complicada para la industria. “Hay que poner un límite a la bolsa blanca», indicó el titular de ASA. «Pero aquí aparece la política y se mezclan los temas. Esto viene de una vieja discusión y se cae en el mismo lugar del pequeño agricultor, que no tiene rentabilidad, pero acá estamos hablando de los grandes agricultores», manifestó.

La buena nueva para los semilleros es que la semana pasada se publicó en el Boletín Oficial de la Nación una resolución  que establece que, a partir de la campaña 2015/16, los productores agrícolas deberán declarar ante el Instituto Nacional de Semillas (Inase) la semilla «de uso propio» de soja y trigo; por lo cual, antes del 31 de enero de 2016 tendrán que presentar una declaración jurada en la que deberán informar sobre el origen de la semilla utilizada o reservada para sembrar. Por lo pornto, quedan afuera de la normativa quienes facturen menos de tres monotributos al año (algo así como 1,8 millones de pesos), y los pequeños agricultores inscriptos en el Renaf.

Para Paseyro, la medida es una brisa de aire fresco, en tanto les dará datos de la realidad. «Es una mirada positiva porque empieza a generar información sobre lo que se produce y lo que se reserva que hoy no tenemos, y al no tener información no puede haber sanciones ni medidas», argumentó. El presidente de ASA recordó que en el momento de mayor control, allá por 1998 o ’99, el porcentaje de semilla de soja fiscalizada había llegado al 30%, para empezar a caer a partir de la disolución del Inase (2001), lo que no mejoró mucho luego de su regreso al faltar los controles efectivos territoriales, que son difíciles en este país. «No hay control fisco porque es muy complicado dadas las características del país, pero lo primero que tenemos que ir a buscar es el cruce de la información», finalizó.

Nota aparecida en Diario PERFIL del sábado 14 de noviembre. Para suscribirse, haga click acá.