La Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIAS) volvió a denunciar los serios problemas de robo de hacienda que acontecen en los establecimientos ganaderos de la provincia.

Son muchos los productores afectados, con mayor incidencia en los medianos y pequeños, entre los cuales se hace estragos.

La situación llegó a tal punto que no conformes con la hacienda, en innumerables casos delincuentes han robado cascos de estancias, se han saqueado instalaciones completas e incluso agredido con armas de fuego a ganaderos y ovejeros que recorren sus establecimientos.

“Los perjuicios no sólo involucran al sector productivo; las pérdidas anuales totales que incluyen los impuestos, tasas y servicios no cobrados por el fisco municipal, provincial y nacional, más la producción no generada y los faltantes de vientres y reproductores, asciende entre ovinos y vacunos a unos  $119.500.000  por año. Además, este tipo de hechos pone en serio riesgo años de trabajo conjunto entre el sector público y el privado, trabajo que permitió garantizar la trazabilidad y sanidad de la producción a los mercados más exigentes, y que hoy genera trabajo y recursos genuinos para la provincia”, detallaron en una solicitada los dirigentes de FIAS.

El abigeato es un delito complejo que, en la mayoría de los casos, trae aparejado otros como la faena clandestina, la comercialización ilegal, el uso ilegal de armas, la evasión impositiva, ocupación o alquileres dudosos de establecimientos, la adulteración de documentos públicos, de declaraciones juradas, de marcas y señales, y el riesgo sanitario y para la salud humana, entre los principales.

Una Sociedad Rural en la que los productores fueron muy afectados por robos es la de Río Gallegos. Sus dirigentes denunciaron presiones a raíz de la investigación por abigeato en la zona. Su presidente, Miguel O’Byrne, expresó la preocupación de los dirigentes por amenazas y presiones ante el avance de la investigación. “Hubo presiones en distintos ámbitos, incluso productores que han sido amenazados de distintas maneras”, consideró el ruralista.

En este sentido, opinó que hay “mucha gente nerviosa en todos los ámbitos, hay gente que denunció amenazas y este tema le quedó incómodo a muchos, no solamente la persona que estuvo detenida”.

Según FIAS “una generalizada laxitud en la cadena de controles es hoy el mayor problema”. Es por ello que solicitaron que “si los municipios, el CAP, la Policía provincial, los juzgados, la AFIP, la Secretaría de Ingresos Públicos, la Gendarmería, los transportistas, DIPA y los mataderos provinciales, el Senasa, los frigoríficos y los productores  mancomunadamente reafirman sus deberes y obligaciones, contribuirá fuertemente en reducir la actividad clandestina en beneficio de todos”.

Desde la Federación resaltaron el apoyo y colaboración brindado por las asociaciones rurales a los organismos públicos que se ocupan de las distintas facetas de este delito, el cual no es ni nuevo ni sencillo. “Destacamos el fortalecimiento de los GEOR policiales en la provincia y agradecemos sus esfuerzos y compromiso”, sostuvieron.

“No debe importar quienes estén implicados, en especial aquellos que se dicen productores. Tampoco medir cuáles son sus alcances. Solo esperamos que la justicia llegue rápidamente en todos los casos, y con todo el peso de la ley”, pronunciaron los dirigentes rurales de Santa Cruz.

03 de julio de 2014