CONSEJO. Toda aplicación en zonas buffer deberán contar con un aviso previo al Municipio.

Es muy frecuente encontrarnos con noticias que impactan a la sociedad en general y que están relacionadas con los efectos negativos de los agroquímicos sobre la salud de las personas o de los animales domésticos o sobre el ambiente en general. Muy particularmente preocupan las comúnmente denominadas “aplicaciones periurbanas” es decir aquellas que se llevan a cabo en esa zona difusa en la cual la ciudad se va transformando en campo.

Como últimos ejemplos podemos mencionar los casos de la prohibición del glifosato en Chubut, las amplias zonas de exclusión rodeando a las escuelas rurales de Entre Ríos, la prohibición de las aplicaciones aéreas en el Municipio de Exaltación de la Cruz luego de una aplicación aérea sobre un colegio, y varios casos más. Fue emblemático, en su momento, el caso judicial llevado a cabo a raíz de denuncias en el barrio Ituzaingó, de la ciudad de Córdoba.

La pregunta que surge, entonces, es la siguiente: ¿el uso de fitosanitarios está necesariamente asociado a la generación de daño a la salud y al ambiente?

Claramente, la respuesta es negativa. Pero, no podemos dejar de considerar que, como muchas otras actividades, la  posibilidad de  riesgo está latente y que hay que saber manejarla.

Entonces: ¿qué factores hay que tener en cuenta para llevar a cabo las aplicaciones de fitosanitarios minimizando el riesgo hasta niveles cercanos a cero?

La respuesta está dada por las Buenas Prácticas Agrícolas en la Aplicación de Fitosanitarios.

Pero antes de comenzar a describirlas, no podemos dejar de mencionar que debiera ser responsabilidad de cada municipio definir muy claramente aquellos sitios en los cuales no se pueden llevar a cabo aplicaciones de fitosanitarios por ser consideradas “zonas sensibles” y definir también las llamadas “zonas de amortiguamiento o de aplicación condicionada” en las cuales la mismas se deben llevar a cabo siguiendo pautas claramente establecidas.

Vayamos ahora a las condiciones bajo las cuales debieran llevarse a cabo las aplicaciones:

• Operarios capacitados y matriculados: una buena aplicación de fitosanitarios requiere de conocimientos relativamente complejos que comprenden el manejo general del equipo pulverizador, las características técnicas de los diferentes tipos de aplicaciones y de los efectos de las condiciones climáticas sobre las mismas, los riesgos inherentes al manejo de los fitosanitarios y como prevenirlos y cómo actuar en el caso de emergencias, capacitaciones sobre primeros auxilios, el uso adecuado de los equipos de protección personal y conceptos básicos para reparación de las máquinas pulverizadoras. Por lo tanto, nadie debiera subirse a un equipo aplicador sin haber recibido una capacitación adecuada que vaya acompañada por el otorgamiento de su matrícula habilitante. Hoy, lamentablemente, esto no sucede.
• Equipo aplicador en adecuadas condiciones: los informes suministrados por las empresas que se dedican a la verificación de los equipos pulverizadores indican altos índices de fallas en los diversos componentes: bombas, agitadores, manómetros, filtros, nivel de presión, estabilidad del barral, estado de los picos y pastillas y otros. Todas estas fallas deben ser corregidas a fin de lograr el nivel de calidad deseado en las aplicaciones y los equipos deben ser sometidos en forma regular a un proceso de mantenimiento.

Un aspecto a considerar muy particularmente es el recambio del filtro de carbón activado en la cabina de la pulverizadora, ya que su funcionamiento defectuoso incide directamente sobre la salud del operador del equipo.

Afortunadamente las principales provincias productoras ya han implementados sistemas de verificación técnica de los equipos, aunque no podemos dejar de reconocer que todavía son muchos los que no han pasado y aprobado esta revisión.

• Receta fitosanitaria: toda aplicación debe estar avalada por un profesional de la agronomía que, efectivamente, se haga responsable de la misma. Esto significa haber visitado el lote y constatado la necesidad de la aplicación y la adecuada elección del/los fitosanitario/s a aplicar, las dosis correspondientes y aclarar las condiciones mínimas de aplicación.
• Aviso previo: toda aplicación en las zonas de amortiguamiento debiera contar con un aviso previo al Municipio correspondiente a fin de que adopte las medidas necesarias de prevención y de verificación de las condiciones de la misma. Normalmente se considera que 48 horas es un plazo suficiente para este aviso.
• Presencia de un verificador en todas las aplicaciones en las denominadas zonas de amortiguamiento, como medida de contralor por parte de los municipios. El verificador también debiera ser un profesional de la agronomía, debidamente capacitado en el tema y con facultades para poder sugerir mejoras o cambios en las condiciones de aplicación o, eventualmente, su suspensión si lo considerase necesario. Nunca el verificador debiera ser el mismo profesional que prescribió la receta fitosanitaria a fin de evitar la situación de tener que controlarse a sí mismo.
• Señalética informativa, mangas de viento: dado que la mayoría de la población desconoce los riesgos inherentes al uso de fitosanitarios es preciso colocar algún tipo de cartelería para evitar el ingreso de terceras personas al predio.

Todas estas pautas están incluidas dentro del anteproyecto de ley que se ha elaborado en el seno de la Red BPA (Buenas Prácticas Agrícolas) con el objetivo de mejorar sustancialmente la calidad de las aplicaciones, disminuir el nivel de conflictividad y generar confianza en la sociedad.

Por Ramiro CID, del Instituto de Ingeniería Rural del INTA, para Super CAMPO.