El pasado jueves, la Cámara de Diputados de la Nación trató dos proyectos conflictivos en el sector yerbatero: el de envasado en origen y el que pretendía eliminar la necesidad de llegar a un acuerdo por unanimidad entre todos los directores del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para definir los precios de la hoja verde y la yerba canchada.

A pesar de que previamente a la sanción enfrentaba una dura resistencia por parte de legisladores de Santa Fe y Córdoba, se aprobó con modificaciones la iniciativa que propone prohibir la elaboración y envasado de yerba mate fuera de la zona productora (Misiones y Corrientes). Por pedido de legisladores santafesinos y cordobeses, se introdujeron algunos cambios.

En tanto, la relacionada con el precio de la materia prima se aprobó y se pasó de nuevo a Senado con modificaciones.

Al respecto de la llamada «ley antipeperina» por los cordobeses, el presidente de la filial Misiones de la Federación Agraria (FAA), Raúl Kosiski, declaró que “es un sueño deseado hace muchos años por toda la cadena productiva de la yerba mate, ya que con esta ley va a producir su valor agregado dentro de las zonas productoras, que son Misiones y el noreste de Corrientes, y ahora que Diputados la aprobó, a pesar de la oposición de varios molinos de Rosario y Córdoba, va a beneficiar a muchos productores y generar nuevos puestos de trabajo”.

“Hay algunos inconvenientes, por lo que estamos manteniendo reuniones con el director general de Rentas de la provincia, Miguel Arturo Thomas, ya que Misiones es más cara en la parte impositiva, y por eso hay una especie de desabastecimiento del resto del país hacia nuestra provincia en productos primarios y comercio, por la aduana en la que se tiene que hacer un depósito para ingresar considerando el valor de la mercadería”, explicó el dirigente, al tiempo que agregó: “Estamos estudiando el método que se va a aplicar para no perjudicar a la producción primaria”.

Al mismo tiempo, Kosiski pidió la creación del “Instituto Nacional del Té (INTE)”, ya que “la producción está concentrada en cinco empresas que manipulan los precios y no pagan los acuerdos que se organizan dentro de la organización del té”.

Los cambios realizados en la ley se basan en los artículos que tratan y se define qué es la yerba mate. De este ítem, se sacará a las yerbas mezcla o compuestas, que son las que se elaboran en Córdoba al fusionarse yerba mate con hierbas serranas y/o aromáticas como la peperina, el cedrón o el poleo. Además, se le permitirá a las empresas fraccionadoras que en lugar de tener tres años para trasladarse a Misiones o Corrientes tengan dos años más de gracia, es decir cinco años en total.

Por su parte, la Agrupación Unidad Federada, candidata a conducir la Federación Agraria Argentina (FAA) y encabezada por el chaqueño Pablo Orsolini, anunció su apoyo a los dos proyectos aprobados en Diputados.

“Esta propuesta, favorecerá a las provincias que más lo necesitan, garantizando puestos de trabajo genuinos en Misiones y Corrientes; y además, gracias a la vocación del diálogo y el entendimiento, se atendió con gran acierto el pedido de las provincias que hoy industrializan esta producción, habilitándolas a seguir haciéndolo por un tiempo determinado, y exceptuando a las que se dedican al fraccionamiento y envasado de mezclas con otras hierbas”, explicó Orsolini, y agregó que “esto demuestra cuando hay propensión al acuerdo, y la cámara de legisladores no funciona como una simple escribanía: se pueden introducir herramientas en beneficio de las economías regionales”.

En tanto, acerca de la modificación de la ley del INYM, que propone cambiar el sistema que utiliza el instituto para definir semestralmente los precios de la hoja verde y la yerba canchada, Orsolini explicó que “el proyecto propone que se pueda llegar a un acuerdo mediante el voto positivo de dos terceras partes del directorio, a diferencia de la ley vigente, que pretende el consenso de los doce integrantes del directorio, lo que hace muy difícil la definición de los precios. El objetivo es que la concertación se defina en el seno del INYM y no sea necesario recurrir a un laudo de Nación”.

“En varios períodos, y por meses, estuvimos sin precio, porque desde el Ministerio no se laudaba un precio para nuestra producción. Esto intenta corregir tal situación: lo único que esperamos es que desde la Secretaría de Comercio no se comentan atropellos injustificados presionando a los miembros del Instituto para que, como siempre, seamos los productores los que terminemos pagando los desatinos que a veces se cometen en la cadena de comercialización”, concluyó Orsolini.

17 de noviembre de 2014