La Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales emitió un comunicado en el que reclama a las autoridades la aplicación plena de la Ley 26.737 que regula, en su artículo 10, la posibilidad de compra para extranjeros de tierras de cultivo.

«La Ley 26.737, que creó el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales, está por cumplir su segundo año de vida sin lograr sus objetivos principales ni ser reglamentada por completo», sostiene el documento.

Según indica, el artículo 10 de la normativa afirma que las tierras rurales de un mismo titular extranjero no podrán superar las mil hectáreas en la zona núcleo, o superficie equivalente, según la ubicación territorial, y que esa superficie equivalente sería determinada por el Consejo Interministerial de Tierras Rurales, dependiente principalmente por el Ministerio de Justicia de la Nación, «que nada o muy poco hizo al respecto».

«Es importante destacar que por esta causa continúa y persiste la imposibilidad de que un extranjero pueda adquirir más de 1000 ha en cualquier lugar del país», explica el comunicado.

Desde la Cámara afirman que, por ejemplo, si un extranjero quisiera comprar un campo en la zona núcleo estaría realizando una inversión no menor a los u$s15.000.000, pero si lo quisiera hacer en La Pampa,  la inversión por la compra de 1.000 hectáreas no superaría los u$s800.000, y el tratamiento sería igual para ambos casos.

Asimismo, el comunicado destaca la «enorme dificultad» que se observa en los organismos de la provincia de Buenos Aires que regulan los aspectos hídricos para pronunciarse  ante las consultas del Registro Nacional de Tierras (RNT). «La consecuencia es que los ‘Certificado de Habilitación’ solicitados no se expiden, cuando los predios contienen riberas sobre cuerpos de agua de poca envergadura, como arroyos o lagunas típicas en la zona. La postura que han adoptado estos organismos  provinciales es ni aprobar ni rechazar. Amontonar expedientes parecería ser la mejor solución«, asegura el documento.

En tanto, agrega que la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) considera que «lo más grave es el perjuicio producido hacia las provincias extrapampeanas con menor valor de sus tierras, y que son las más necesitadas de la inversión extranjera. La Pampa húmeda puede esperar, pero la que no puede esperar es la Argentina que necesita de inversión, desarrollo y trabajo. La que no tiene caminos, agua, servicios, la que le cuesta hacerse escuchar«.

El RNT llevó adelante una tarea de investigación muy importante en todas las provincias argentinas, que permitió presentar en julio pasado un relevamiento de tierras en manos de extranjeros, que ronda el 6% del total de tierras rurales del país, «muy lejos del 15% que la ley permite». «Teóricamente habría muchas tierras para vender y desarrollar en la Argentina. También dijimos que hay zonas que debemos promocionarlas, darles un estatus especial para que se puedan desarrollar e integrar a la Argentina digna, que tenga agua, caminos y servicios para su gente», explica.

El comunicado concluye que «la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales manifiesta públicamente y solicita a  las autoridades responsables dar cumplimiento en forma urgente al artículo 10 de la Ley 26737, para que las equivalencias sean una realidad a lo largo y a lo ancho de todo nuestro país y que la Ley de Tierras pueda tener finalmente vigencia plena y sea de alguna utilidad. Hoy persiste en el mercado inmobiliario rural un nuevo cepo, el ‘cepo a las tierras’, que impide que ingresen más de u$s10.000 millones«.