La Cámara de Diputados dio ayer media sanción al proyecto de ley impulsado por el Gobierno para eximir temporalmente al biodiesel del pago de impuestos, con el objetivo de apuntalar su producción frente a restricciones impuestas a las exportaciones por parte de la Unión Europea.

La iniciativa exime de la alícuota del 22% del biodiesel que se utiliza para la generación eléctrica y del 19% de la tasa del combustible hasta el 31 de diciembre de 2015, con posibilidad de ser prorrogado el plazo por el Poder Ejecutivo.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Roberto Feletti (FPV), indicó, como miembro informante del oficialismo, que el proyecto enviado por el Gobierno tiene por objetivo «consolidar una matriz energética que tienda a reducir el uso de divisas para el abastecimiento energético». 

Feletti señaló que la propuesta forma parte de una «política para mejorar la ecuación de divisas de la energía y apunta a consolidar una industria de transformación de manufactura de origen agropecuario, a industrializar la ruralidad«.

El proyecto fue votado, en general, afirmativamente, con 217 votos contra 4 negativos -tres de ellos pertenecientes al Frente de Izquierda (FIT)-. Se registraron ocho abstenciones, correspondientes a diputados de Unidad Popular, la Coalición Cívica-ARI y a Martín Lousteau y Ana Carla Carrizo del bloque Suma + UNEN.

La oposición votó en particular en contra de una modificación del artículo segundo que propuso el oficialismo, la cual igual obtuvo mayoría de votos. Establece que la facultad impositiva del Poder Ejecutivo regirá hasta el 31 de diciembre de 2024.

Según explicó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner antes de enviar el proyecto al Congreso, la iniciativa obedece a la restricción que hoy tiene la Argentina para exportar este producto a raíz de las trabas impuestas por la Unión Europea.

El diputado radical Ricardo Buryaile estimó en el recinto que era insuficiente el tiempo que establece el proyecto para eximir de impuestos al biodiesel y pidió que el beneficio tributario para el biodiesel «se haga extensiva hasta el 2024», al tiempo que marcó la necesidad también de «equiparar la asimetría que existe entre el gasoil importado y gasoil nacional».

Más tarde, Diego Mestre (UCR) admitió que «la desgravación propuesta puede impactar sobre la demanda de biodiesel, al mercado interno y beneficiar a la industria», pero destacó: «Lo importante es situar nuestra mirada en el largo plazo, necesitamos mayor planificación y menos improvisación».

Por el Frente Renovador (FR), Alberto Roberti opinó que «la política con relación a los biocombustibles es tal vez la única política real realizada por el gobierno del doctor Néstor Kirchner».

«Lo que corresponde no es beneficiar empresas sino hacer una política sustentable en el largo plazo», agregó el diputado.

El jefe del bloque del PRO, Federico Pinedo, a su turno afirmó que «el gobierno nacional creó una maraña de ilegalidades morenísticas que destruyó la industria del biodiesel» y coincidió con otros diputados de la oposición en la necesidad de «fijar reglas claras y previsibles para que todos los que quieran producir lo hagan en igualdad de condiciones y terminar con este sistema completamente arbitrario e inconstitucional».

En tanto, el diputado Pablo Javkin (Coalición Cívica ARI- FAU) expresó que el proyecto sobre biocombustibles «marca una corrección pequeña a un error enorme» y advirtió que «el Poder Ejecutivo no puede adoptar potestades impositivas, es inconstitucional».

Por la izquierda, se opusieron al proyecto Claudio Lozano (Unidad Popular) y Néstor Pitrola (FIT), quien aseguró que «se está desarrollando la industria del gran capital que sólo viene beneficiando a 10 grupos económicos».

FUENTE: DyN

15 de mayo de 2014